La confirmación de que los cuerpos calcinados hallados en Taura pertenecen a cuatro adolescentes desaparecidos tras ser detenidos por militares ha sacudido a Ecuador. Según la Fiscalía, las pruebas de genética forense ratificaron la identidad de las víctimas de 11 a 15 años. Se encontraron sus restos cerca de una base militar.
El caso provocó un fuerte rechazo internacional y llevó a la detención de 16 militares, acusados de desaparición forzada, un delito con penas de hasta 26 años de cárcel. Las autoridades afirman haber liberado a los menores en buenas condiciones tras su arresto. Pero las evidencias y el hallazgo de los cuerpos contradicen esta versión.
Los adolescentes desaparecieron el 8 de diciembre en Las Malvinas, un sector de Guayaquil marcado por la violencia del narcotráfico. En respuesta a esta situación, las Fuerzas Armadas participan en operativos contra el crimen organizado. No obstante, los organismos internacionales cuestionan el rol de las Fuerzas Armadas en operativos civiles.
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El hallazgo de los cuerpos en una zona cercana a una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) intensificó las críticas contra el gobierno de Daniel Noboa. Organizaciones sociales lo acusan de promover graves violaciones de derechos humanos en el contexto de su estrategia contra el crimen organizado. Más de 40 colectivos exigen explicaciones y justicia por el caso.
Familiares, vecinos y activistas protestaron frente al tribunal en Guayaquil, reclamando justicia y denunciando el uso excesivo de la fuerza por parte de los militares. “Vivos los queremos” fue el principal mensaje de las pancartas, que expresaban el dolor y la indignación de una sociedad profundamente conmocionada.
La ONU y la OEA manifestaron su preocupación por este caso, enfatizando el riesgo de militarizar funciones civiles sin una adecuada supervisión. Este trágico suceso pone en evidencia las tensiones entre la seguridad nacional y el respeto a los derechos humanos en un país en conflicto armado interno.
El caso de Taura no solo expone las fallas del sistema de seguridad, sino que también subraya la urgencia de revisar el rol de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen. Mientras las investigaciones avanzan, Ecuador enfrenta una encrucijada ética y política que marcará el futuro de su democracia.
