El Poder Judicial amplió por 15 meses adicionales la prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino. La medida regirá desde el 20 de diciembre de 2024 hasta el 19 de marzo de 2026, tras determinar que persisten los riesgos de fuga y de obstaculización del proceso penal.
Durante la audiencia, la fiscal suprema adjunta Galinka Meza reiteró la importancia de la prolongación debido a la complejidad del caso y a la etapa procesal en la que se encuentra. La Fiscalía anticipó que el juicio oral podría extenderse más de un año. Esto incrementaría las posibilidades de que Betssy Chávez intente evadir la justicia.
La abogada de oficio Aurora Montenegro, quien lideró la defensa de Chávez, solicitó la libertad de su representada al sostener que la audiencia había sido convocada fuera del plazo legal. Sin embargo, el juez supremo Juan Carlos Checkley rechazó el pedido. Checkley argumentó que la Fiscalía y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) cumplieron con los plazos establecidos.
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Defensa Fallida
Betssy Chávez no participó en la audiencia virtual y justificó su ausencia diciendo que estaba “secuestrada”. Esta inasistencia se suma a la ausencia de su defensa inicial. Esto provocó que el caso esté en manos de la abogada de oficio, quien no logró revertir la decisión que prolongó la medida restrictiva.
Las autoridades acusan a Chávez de cometer el presunto delito de rebelión junto al expresidente Pedro Castillo. La ex primera ministra enfrenta una solicitud fiscal de 25 años de cárcel. Desde junio de 2023, Betssy Chávez cumple prisión preventiva, tras la decisión de la Corte Suprema de revocar su comparecencia.
El caso refleja la tensión entre el derecho a la libertad y las garantías procesales en procesos de alto impacto político. La ampliación de la prisión preventiva suscita debates sobre la capacidad del sistema judicial para resolver los casos de manera oportuna, sin depender excesivamente de esta medida excepcional.
