El hallazgo de cuatro cuerpos carbonizados cerca de la Base Aérea de Taura ha conmocionado a Ecuador. Cuatro menores desaparecieron en Guayaquil el 8 de diciembre después de que militares los detuvieran; más tarde, los militares alegaron haberlos liberado. La jueza Tanya Loor calificó el caso como desaparición forzada, un hecho que marca un punto crítico en el conflicto armado interno del país.
La presión pública y la divulgación de imágenes de cámaras de seguridad obligaron al gobierno de Daniel Noboa a reconocer la implicación militar en el caso. Este incidente se suma a las crecientes críticas sobre la militarización de la seguridad interna, estrategia aplicada desde hace casi un año con resultados cuestionables.
Billy Navarrete, del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos, destacó las dificultades para identificar los cuerpos debido a su estado. Los análisis de ADN serán cruciales, pero los resultados podrían tardar semanas, prolongando la angustia de las familias. La falta de transparencia en el manejo del caso solo alimenta las sospechas y la indignación social.
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El abogado Mauricio Alarcón-Salvador afirmó que este caso refleja el fracaso de las Fuerzas Armadas en garantizar los derechos fundamentales. Denunció que no se siguen protocolos básicos, lo que pone en evidencia la incapacidad histórica de los militares para manejar la seguridad interna sin violar derechos humanos.
Julio Echeverría, sociólogo y politólogo, subrayó la vulnerabilidad de los niños en zonas dominadas por el narcotráfico, como Guayaquil. Enfatizó que, incluso en situaciones de conflicto, las Fuerzas Armadas deben priorizar la protección de menores y evitar errores que afecten su integridad.
La Asamblea Nacional y organismos internacionales han solicitado explicaciones al gobierno ecuatoriano. Mientras tanto, 16 militares implicados en la detención se encuentran bajo custodia, pero las dudas sobre la eficacia y ética de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad persisten.
