El ministro de Educación, Morgan Quero, enfrenta una investigación preliminar del Ministerio Público por el presunto delito de discriminación, luego de declarar que «los derechos humanos son para las personas, no para las ratas». Durante una visita a Piura, Quero pronunció estas palabras, que muchos interpretaron como una referencia despectiva hacia los fallecidos en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
El abogado Javier Adrianzén Carreño presentó la denuncia principal, en la que acusa a Quero de insultar la memoria de las víctimas y vulnerar derechos fundamentales. Según el letrado, el ministro utilizó un lenguaje impropio para su cargo y deshumanizó a los fallecidos. “Esto no lo puede decir ningún peruano, mucho menos un ministro de Educación”, declaró Adrianzén.
En respuesta a las críticas, Quero negó que sus palabras se dirigieran a los muertos en las protestas. Aseguró que su comentario se refería a los derechos humanos de los violadores y afirmó que sus declaraciones fueron sacadas de contexto. «Rechazo cualquier tergiversación. Respeto totalmente la memoria de las personas que lamentablemente fallecieron», afirmó.
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La polémica no se limita solo a la denuncia penal. La Defensoría del Pueblo calificó de “deplorables” las declaraciones de Quero y exigió su inmediata destitución. Distintos sectores del Estado y la sociedad civil se unieron a las voces que consideraron que las afirmaciones del ministro no solo fueron ofensivas. Sino que también revivieron el dolor de las familias afectadas.
El 10 de enero, Quero deberá rendir su manifestación como parte de la investigación preliminar. Este caso abre un debate sobre los límites del discurso de los funcionarios públicos y su impacto en una sociedad polarizada por la violencia en el país.
El episodio evidencia la fragilidad del gobierno en temas sensibles como la memoria y los derechos humanos. Se resalta la necesidad de mayor claridad y empatía en las declaraciones de sus autoridades. Además, se refuerza las críticas hacia la administración de Boluarte, que enfrenta cuestionamientos constantes sobre su gestión de las protestas.
