El Congreso de la República, como un Poder del Estado, tiene como atribución dar leyes, así como interpretar, modificar o derogar las existentes. Asimismo vela por el respeto a la Constitución y a las leyes.
Ya es conocido el nivel de degradación en cada elección general de los integrantes elegidos al parlamento nacional. El nivel moral, ético y profesional se ha venido hasta el fondo en el hemiciclo legislativo. Pues, con la permisividad de leyes que regulan el sistema político; hoy este poder ha sido cooptado por organizaciones criminales que promueven —valiéndose de los partidos políticos de antigua data o recién formados— a sujetos relacionados con minería ilegal, narcotráfico, prostitución, tráfico de terrenos, delitos contra la administración pública y demás delitos —¿Coincidencia?— con una estructura propia del crimen organizado.
No interesa que los partidos que los cobijan sean de ideología de izquierdas o de derechas, “En el crimen e impunidad …. hermanos”, son siameses de un mismo mal parto, cara y sello de una misma moneda. Y, obvio, el interés o finalidad que persiguen es la impunidad en los delitos cometidos y seguir delinquiendo libremente. Ya hemos visto de lo que son capaces. A diario vemos la podredumbre legal, leyes que promueven el incremento de la criminalidad y sacrifican derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales y convenciones de las que es parte el Perú. El derecho a la vida, el derecho a vivir en un ambiente seguro y en paz, el derecho a la propiedad, a la libertad de empresa.
Vemos que el Congreso no va a parar con sus despropósitos legales. Y está logrando sus fines. Delincuentes que salen de las prisiones, prófugos de la justicia que ven revertidas sus sentencias y corruptos que se ven fortalecidos. Y, son pocas las instituciones que nos puedan defender o confrontar al Poder Legislativo.
El Poder Ejecutivo, personificado en la Presidenta Dina Boluarte que viene ejerciendo el cargo, dócilmente sometida por los desvaríos de poder. Conmovida por el lujo y la frialdad material.
La Defensoría del Pueblo, personificado en un personaje tan oscuro como su corbata favorita. El organismo destinado a defendernos del abuso del mismo Estado. Es el conserje del prófugo menos buscado y más mediático que existe en la actualidad.
El Tribunal Constitucional, tambor de resonancia que se mueve según los dictados de los que los eligieron: los congresistas. Y estos que responden a lo que dictaminan sus dueños.
Y el Poder Judicial. Hace poco el Presidente de este poder del Estado con los jueces supremos hicieron un pronunciamiento público indicando que todo cambio en el sistema de justicia no puede hacerse sin su participación. De ahí a que este Congreso les haga caso, dista mucho espacio y tiempo. Pero de los miembros de esta judicatura, de las decisiones de algunos jueces, se ha visto una alternativa de hacer frente con dignidad y profesionalidad, a los embates del Legislativo.
Magistrados que han aplicado en sus decisiones un control difuso de la Constitución y el control de Convencionalidad. Y, ambas figuras están reguladas en la actual Constitución Política. En todo proceso, de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una Ley, el juez debe preferir y cautelar el ordenamiento constitucional. Y la observancia de los tratados internacionales como fuente de derecho cuando una ley las contraría. Los derechos fundamentales tienen preponderancia constitucional cuando una ley del Congreso las pone en riesgo.
Esperemos que más magistrados de todo el país y en especial de Arequipa, defiendan su fuero, su autonomía e independencia a través de sus propias decisiones judiciales, priorizando cuando corresponda estos controles como ejercicio de defensa del Estado de Derecho.
