La Gerencia Regional de Vivienda de Arequipa enfrenta una polémica tras el alquiler de tres camionetas a un costo mensual de 27 mil a 30 mil soles cada una. Este gasto genera cuestionamientos, ya que la dependencia dispone de dos vehículos propios que, según el consejero regional Miguel Ángel Linares, no se utilizan regularmente.
El consejero Linares, durante una inspección inopinada, constató la ausencia de un control adecuado sobre las camionetas alquiladas. No se registra bitácoras de uso ni se lleva controles de kilometraje, destinos o asignación de choferes. Estas omisiones despiertan sospechas sobre el manejo transparente de los recursos y el cumplimiento de los términos contractuales.
Además, Linares denunció que una de las camionetas alquiladas no cumple con las especificaciones de equipamiento y antigüedad establecidas. Esta situación incrementa las dudas sobre la necesidad de alquilar vehículos, considerando que el mantenimiento o la reparación de los vehículos propios podría cubrir los requerimientos operativos a un costo significativamente menor.
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El consejero también cuestionó la asignación de combustible a vehículos que, aparentemente, no están en uso. Esta situación plantea dudas sobre posibles gastos innecesarios o incluso malversación de fondos en una región donde otros sectores enfrentan necesidades urgentes.
Aunque la Gerencia Regional de Vivienda afirma que las camionetas resultan esenciales para cumplir sus funciones, no ha presentado evidencias claras que respalden este gasto. Linares resaltó que no se realizó los contratos de manera directa, lo que intensifica las sospechas de posibles vínculos entre proveedores y funcionarios.
Las entidades correspondientes investigarán las irregularidades detectadas. La Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios, el Órgano de Control Institucional y la Fiscalía analizarán si existieron inconductas funcionales o abuso en el uso de los recursos públicos.
La opinión pública y el Consejo Regional de Arequipa demandan mayor transparencia en la administración de los bienes y servicios del Estado. Este caso resalta la necesidad de implementar controles efectivos en la gestión regional. Esto con el fin de evitar el uso indebido de recursos y garantizar el bienestar de la población.
