El Congreso de la República aprobó una nueva autógrafa para restituir la detención preliminar en casos de no flagrancia. Esta medida había sido suspendida tras la promulgación de la Ley 32181 en diciembre. La ley se encuentra ahora en el despacho de la presidenta Dina Boluarte, quien debe promulgarla y difundirla. Esta reforma busca permitir que los fiscales soliciten la detención de investigados que no han sido sorprendidos cometiendo un delito.
Sin embargo, la modificación al artículo 261 del Código Procesal Penal introduce una trampa procesal que complicará su aplicación. La versión anterior permitía a los fiscales solicitar la detención preliminar con indicios razonables de la existencia de un crimen. Pero, ahora deberán presentar evidencia concreta que demuestre la posibilidad de fuga o de obstaculización de la investigación.
Antes de la reforma, bastaba con que los fiscales presentaran indicios sobre la existencia de una organización criminal o la probabilidad de que los investigados intentaran huir. La ley anterior permitía realizar una detención rápida, por un máximo de 15 días, para asegurar que los implicados no interfirieran en el proceso. Sin embargo, el nuevo enfoque obliga a los fiscales a presentar pruebas verificables, lo que podría retrasar las acciones judiciales.
También te podría interesar: Exigen reposición de obreros borrachos
Desafíos clave
Este cambio en el Congreso de la detención preliminar representa un reto significativo en la lucha contra el crimen organizado. Aunque protege los derechos de los investigados, también dificulta que los fiscales actúen con eficiencia. Los jueces deberán evaluar detalladamente los indicios presentados por la Fiscalía, lo que podría llevar a que se impugnen muchos casos. Esto generaría más demoras y facilitaría la liberación de presuntos delincuentes peligrosos.
La derogación reciente de la detención preliminar generó un escándalo cuando delincuentes peligrosos quedaron en libertad. Casos como el de los procesados de la organización criminal Las Hienas Verdes en Huaral o los implicados en fraudes en la cooperativa AELU evidenciaron la urgencia de que las autoridades encuentren formas efectivas de combatir el crimen sin vulnerar derechos fundamentales.
La presidenta Dina Boluarte podría promulgar la ley muy pronto para que entre en vigor. Pero es necesario analizar si este nuevo enfoque realmente ayudará a las autoridades a frenar el crecimiento del crimen organizado. Mientras las fuerzas del orden intentan controlar la violencia y la corrupción, las limitaciones de la nueva ley podrían debilitar las herramientas legales necesarias para enfrentar estos problemas.
