El expresidente Evo Morales enfrenta una imputación formal por trata agravada de personas en un caso que involucra el presunto abuso de una menor durante su mandato en 2016. La Fiscalía emitió una orden de detención tras su negativa a declarar, mientras las tensiones políticas y sociales se intensifican en Bolivia.
Desde septiembre, las autoridades investigan a Morales, pero él ha evitado su detención al refugiarse en su bastión cocalero del Chapare. Sus seguidores, mediante protestas y bloqueos, dificultan la acción de las autoridades. La zona ahora representa un terreno hostil para la policía, que optó por replegarse tras denuncias de agresiones.
La fiscal Sandra Gutiérrez justificó la imputación debido a la ausencia de Morales en las citaciones y a su falta de cooperación. Según las leyes bolivianas, después de 10 días sin cumplir con una citación, las autoridades emiten una orden de detención, lo que marca un paso más en este controvertido proceso judicial.
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Denuncia complot
El expresidente afirma que este caso forma parte de un complot político que dirige su sucesor, Luis Arce, y su entorno judicial. Morales asegura que existe un plan para inhabilitarlo con miras a futuras elecciones, y califica el proceso como una persecución política y una amenaza a su integridad física.
El Chapare, donde Morales se atrincheró, es ahora una fortaleza con múltiples cordones de seguridad que han establecido los sindicatos cocaleros. Este despliegue refleja la polarización del país, donde la figura del exmandatario continúa generando tanto lealtades como rechazos entre la población.
El caso pone de manifiesto las fisuras entre el gobierno de Arce y Morales, antiguos aliados. Más allá de las denuncias de abuso, el proceso resalta un escenario donde la justicia y la política se entrelazan, lo que genera dudas sobre la imparcialidad judicial en Bolivia.
Mientras el país aguarda la audiencia de medidas cautelares, las acusaciones contra Morales reflejan un panorama dividido entre quienes exigen justicia y quienes denuncian una estrategia para borrar políticamente al expresidente. La resolución de este caso marcará un hito en la estabilidad social y política de Bolivia.
