La Fiscalía inició una investigación preliminar contra Cecilia Jarita Padilla, gerenta regional de Educación de Arequipa, y Rosa Urquizo Quintaci, directora de la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor. Se les acusa de incurrir en el presunto delito de nombramiento y aceptación ilegal de cargo público. Según el fiscal José Luis Tito Humpiri, el proceso durará 60 días. Durante ese tiempo, se recogerá las resoluciones de designación y citará a las investigadas para que rindan su declaración.
Cecilia Jarita habría designado a Rosa Urquizo en abril de este año tras la renuncia del anterior director de la escuela. Jarita se amparó en la Resolución Viceministerial N° 193-2021-MINEDU, que regula los procesos de encargatura en instituciones de formación artística.
Incumplimientos documentados
Sin embargo, el documento exige un perfil profesional que Urquizo no cumpliría. La investigación destaca que Urquizo no reúne los literales “b” y “c” de la normativa, que exigen título o grado relacionado con la especialidad artística y programas de formación en gestión educativa. Estos incumplimientos refuerzan la presunta ilegalidad de la designación. Jarita habría avalado el nombramiento a pesar de las deficiencias.
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Según la denuncia, ella no posee el título de licenciada en las especialidades artísticas de la escuela ni el grado de maestría, requisitos fundamentales para ocupar el puesto. Otro requisito incumplido es la formación continua en los últimos cinco años. Los certificados que presentó Urquizo suman menos de las 100 horas requeridas.
Además, posee un diplomado de 2016, que no entra en el periodo exigido. En 2022, las autoridades sancionaron a la directora con suspensión sin goce de haber, lo que, según la normativa, la inhabilita para asumir el cargo. Un medio local intentó comunicarse con Rosa Urquizo y Cecilia Jarita para conocer sus versiones. Urquizo declinó responder, mientras que Jarita no atendió llamadas ni mensajes.
Si la Fiscalía comprueba las irregularidades, las investigadas podrían enfrentar sanciones legales por delitos contra la administración pública. Además, se podría verificar si existió negligencia o dolo en el proceso de designación, una medida que podría sentar precedentes en el ámbito educativo regional.
