Por: Augusto Santillana / Abogado y analista político
El presupuesto público proyectado para 2025 fue aprobado con un monto de S/251,801 millones, lo que representa un aumento del 4.6% con respecto al presupuesto de 2024, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Los Gobiernos locales recibirán un 8% más, mientras que los regionales obtendrán un 3.2% adicional. De esta manera, los Gobiernos subnacionales administrarían un 36.5% del presupuesto público total del próximo año.
Entre 2020 y 2022, el presupuesto de los Gobiernos locales se incrementó constantemente: un 19.9% más en 2020, un 5.3% más en 2021 y un 17.5% más en 2022. Sin embargo, su ejecución anual se mantuvo por debajo del 73% entre 2018 y 2023, según las cifras del MEF. Esto los colocó como el nivel de gobierno con menor ejecución presupuestal en los últimos seis años.
A partir de los datos presentados, se evidencia que los Gobiernos locales son los que menos ejecutan su presupuesto año tras año. Esto implicaría que se estaría asignando una mayor proporción de recursos a aquellos que presentan menor actividad y ejecución de proyectos.
Para comprender los desafíos en la gestión de los recursos públicos, es crucial mirar más allá de los números y analizar las capacidades internas de los Gobiernos y los factores que moldean su desempeño.
Una de las limitaciones para el desarrollo de la inversión pública es la falta de capacidades de los funcionarios. En 2023, un 74.5% de las municipalidades a nivel nacional requerían capacitaciones en procedimientos administrativos, lo que representó un aumento de 17.9 puntos porcentuales (pp.) en comparación con 2019. A su vez, un 70.8% de las municipalidades necesitaban formación en administración tributaria, lo que significó un incremento de 17.1 pp. respecto a 2019. También, se observa que un 67.7% requería de capacitaciones en formulación y evaluación de proyectos públicos. Esto significó un aumento del 24.5 pp. en comparación con 2019, según el informe de Indicadores de Gestión Municipal del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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También es cierto que son los Gobiernos Locales los que menos pagan a sus funcionarios. Son remuneraciones muy modestas. Por lo que el talento humano con mérito y capacidad no aterriza en las municipalidades. Tampoco existe una política pública de mejora remunerativa para los funcionarios de este nivel de gobierno. Por lo que los puestos de responsabilidad directiva son ocupados por personas que no conocen de gestión pública ni tiene el ‘Know How’, respondiendo más a favores políticos o amiguismo, ello a pesar de existencia de la Ley N° 31419, sobre exigencias mínimas para acceder a los cargos directivos y de confianza. Si no hay buenos sueldos no se captará al talento directivo que se requiere.
Otra de las restricciones importantes es la corrupción, la cual genera tanto pérdidas económicas como debilidad institucional. En 2023, se identificaron 17,858 presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales que involucraron a 9,338 funcionarios y servidores públicos. El Gobierno local concentró un 39.1% de estas presuntas responsabilidades, seguido por el Gobierno nacional, con un 36.9%, y el Gobierno regional, con un 24%. A su vez, el Gobierno local tuvo el mayor número de funcionarios involucrados. En 2023, hubo 3,677 funcionarios del Gobierno local con presunta responsabilidad administrativa, civil y penal, frente a los 3,611 del Gobierno nacional y los 2,121 del Gobierno regional, según el informe de la Contraloría General de la República del Perú.
La gestión eficiente del presupuesto público no depende únicamente de la asignación de más recursos, sino de la capacidad de las instituciones para administrarlos de manera efectiva y transparente. Aunque el aumento de los fondos puede parecer una solución para mejorar la infraestructura y los servicios públicos, la realidad es que, sin una sólida capacidad administrativa y un compromiso claro con la buena gobernanza, estos recursos pueden quedar subutilizados o, peor aún, mal gestionados.
La falta de habilidades técnicas y los problemas de corrupción son barreras significativas que deben ser abordadas para lograr una administración pública que no solo maneje grandes sumas de dinero, sino que también genere un impacto real y positivo en la sociedad. Esto sugiere la necesidad de reformas profundas en los procesos de capacitación, política remunerativa y control interno dentro de los Gobiernos locales, así como un enfoque más riguroso en la rendición de cuentas y la transparencia.
