Las recientes reformas legales aprobadas en el Congreso, que condicionan la prisión preventiva a una prognosis de pena superior a cinco años, están permitiendo que personas acusadas de delitos graves, como el chantaje sexual, queden en libertad. Este vacío legal ha generado indignación y preocupación ciudadana, especialmente en casos con pruebas iniciales contundentes.
En Cerro Colorado, un hombre acusado de chantajear sexualmente a una menor fue liberado debido a que la pena máxima por este delito no supera el umbral requerido para la detención preventiva. A pesar de contar con exámenes biológicos y pericias psicológicas que respaldan la acusación, el marco normativo impidió su reclusión.
El acusado, con un historial de 16 investigaciones previas, entre ellas una condena cumplida en 2021 por violación sexual, sigue libre. Esto pone en duda la capacidad del sistema para garantizar la seguridad de las víctimas. El caso revela una preocupante debilidad en el seguimiento y control de reincidentes, a pesar de las condenas previas.
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La Fiscalía enfrenta retos adicionales. Las demoras en programar diligencias clave, como la entrevista en cámara Gesell de la menor afectada, complican el esclarecimiento de los hechos. Estas falencias, sumadas a la falta de coordinación entre las instituciones, amplifican la percepción de ineficiencia en la atención a delitos sexuales contra menores.
Un elemento controvertido es la discrepancia entre la versión policial, que indicaba que hallaron a la menor inconsciente tras consumir alcohol y medicamentos. Mientras que la versión fiscal, que aseguró que estaba consciente durante la intervención. Esta contradicción ha debilitado la narrativa de flagrancia, restando fuerza al caso.
Además, las comunicaciones obtenidas entre el acusado y la agraviada presentan indicios que cuestionan la acusación inicial de chantaje sexual, lo que ha generado dudas sobre la suficiencia de las pruebas. Sin embargo, este caso subraya las deficiencias estructurales del sistema judicial para proteger a las víctimas y prevenir la impunidad.
La ciudadanía exige justicia ágil y efectiva ante estos hechos. El debate sobre la efectividad de las reformas legales y la protección a las víctimas queda abierto, en medio de una creciente preocupación por evitar nuevos casos similares.
