El gobierno de Dina Boluarte promulgó una controvertida ley que protege a los policías que usen armas de fuego en el ejercicio de sus funciones, incluso si causan lesiones o muertes. Desde que la norma entró en vigencia, fiscales y jueces tienen prohibido dictar prisión preventiva contra los agentes implicados.
El Ejecutivo publicó la resolución en El Peruano con el objetivo de garantizar el principio de inocencia y proteger a la Policía Nacional del Perú (PNP). Sin embargo, críticos advierten que la norma podría alentar abusos y generar un clima de impunidad en el país.
La ley también modifica la Carrera Fiscal y Judicial al imponer sanciones graves a los fiscales que no soliciten prisión preventiva en casos de flagrancia delictiva. Además, penaliza a los jueces que no dicten medidas cautelares basándose en dichas solicitudes.
También te podría interesar: Problemas técnicos sepultan el proyecto Yanapuquio
El marco normativo incluye sanciones adicionales para los fiscales que filtren información confidencial de investigaciones. Según el Ejecutivo, esta medida busca combatir el crimen organizado. Pero diversos sectores la perciben como un ataque a la transparencia y a la libertad de prensa.
Especialistas afirman que la ley, al restringir la acción judicial sobre los policías, socava la independencia de los poderes del Estado. Y dificulta el control de posibles excesos en el uso de la fuerza. También advierten sobre las repercusiones sociales de priorizar la protección institucional por encima de los derechos ciudadanos.
Por otro lado, el Ejecutivo defiende la ley como una herramienta esencial para fortalecer la lucha contra la delincuencia y respaldar el trabajo de la PNP. Sin embargo, sectores de la sociedad civil y expertos en derechos humanos critican la falta de mecanismos que controlen posibles abusos policiales.
Con la entrada en vigor este jueves 12 de diciembre, la ley pone a prueba el equilibrio entre seguridad, justicia e institucionalidad en el Perú. Mientras tanto, organizaciones sociales anunciaron movilizaciones para exigir la revisión de la normativa y garantías contra posibles excesos.
