El ministro de Educación, Morgan Quero, enfrenta críticas tras declarar que “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”. Sus palabras, en respuesta a una consulta sobre las víctimas de las protestas sociales de 2022, generaron indignación. Especialmente porque coincidieron con la conmemoración del Día de los Derechos Humanos.
Aunque Quero explicó que su declaración aludía a violadores de menores, la frase se interpretó como una minimización de las muertes y heridos en las manifestaciones contra el gobierno de Dina Boluarte. Su posterior aclaración no incluyó disculpas a las familias afectadas, lo que evidenció una falta de sensibilidad ante un tema de alta complejidad social.
El ministro atribuyó su comentario a un malentendido, asegurando que lo dijo en el contexto de una conversación sobre penas contra agresores de menores. Sin embargo, las críticas señalan que este tipo de declaraciones refuerzan la percepción de desinterés del Ejecutivo hacia las víctimas de violencia estatal.
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Quero no es ajeno a las controversias. En junio, describió los abusos sexuales en comunidades indígenas como “prácticas culturales”, comentarios que desataron un rechazo generalizado. Aunque luego pidió disculpas, su historial de declaraciones desafortunadas ha generado dudas sobre su capacidad para liderar una cartera tan crucial.
Las palabras del ministro adquieren especial relevancia en un contexto donde las víctimas de las protestas exigen justicia. La denuncia constitucional que enfrenta Dina Boluarte y sus ministros por muertes y lesiones graves refleja la necesidad de respuestas claras y responsables por parte de las autoridades.
Analistas han advertido que el uso de un lenguaje tan polarizante desde un cargo público no solo profundiza las heridas sociales. Sino que también deslegitima el compromiso con los derechos humanos. Para muchos, las explicaciones y disculpas resultan insuficientes. Se considera urgente un cambio en el discurso y en las acciones gubernamentales.
Las declaraciones de Quero evidencian las dificultades del gobierno para abordar temas complejos sin incurrir en errores comunicativos graves. En un escenario de tensiones sociales y políticas, afirmaciones como esta no solo distraen, sino que también empañan los esfuerzos por lograr justicia.
Numerosos ciudadanos opinan que la gestión educativa debe enfocarse en combatir el abuso con resultados concretos. Esto sin deslegitimar principios fundamentales como los derechos humanos, que deben garantizarse para todas las personas, incluso en los casos más complejos.
