El exministro de Agricultura, José Manuel Hernández, afirmó que Martín Vizcarra, cuando era gobernador de Moquegua, recibió más de S/ 1 millón de la constructora ICCGSA como soborno para asegurar la adjudicación del Hospital de Moquegua en 2013. Hernández habló con Rafael Granados, gerente comercial de ICCGSA, sobre el monto que Vizcarra solicitaba, y él tuvo que consultarlo con los empresarios. Según su testimonio, entregaron el dinero finalmente en Lima.
Hernández detalló que él y Vizcarra hablaron del soborno en una conversación en la cual el entonces gobernador mostró interés en un “premio” adicional. “Me habló de un monto de S/1 millón 300 mil”, declaró. El exministro afirmó que el dinero llegó en un sobre manila cerrado, que su chofer, Carlos Aranda, entregó a Vizcarra.
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Carlos Aranda Huamán confirmó esta versión. En diciembre de 2020, declaró ante la Fiscalía que trasladó el sobre hasta una dirección en la avenida Dos de Mayo, en San Isidro. “Toqué el timbre y salió la persona de Martín Vizcarra y ahí, a la entrada de la puerta, yo le dije: ‘Esto le manda el ingeniero Hernández’. Él lo recibió. Me dijo: ‘Gracias’”, aseguró.
La Fiscalía sostiene que Vizcarra no recibió únicamente ese soborno. La institución investiga un segundo pago de S/ 1 millón, el cual se relaciona con el proyecto de irrigación Lomas de Ilo. Hernández habría facilitado estas transacciones, y dicha situación refuerza las acusaciones de un patrón de corrupción en la gestión de Vizcarra.
Por su parte, Martín Vizcarra negó las acusaciones y calificó las declaraciones de Hernández como infundadas. “La justicia se basa en hechos, no en dichos, y aquí solamente es el dicho de una persona que es colaborador eficaz”, afirmó. Vizcarra también señaló que un peritaje de geolocalización habría descartado su presencia en las reuniones mencionadas por Hernández. Además, indicó que «En los chats que han visto no hay ninguna solicitud mía».
Las autoridades continúan investigando el caso, mientras la defensa del expresidente y los testimonios de los implicados mantienen el debate abierto en el sistema judicial peruano.