Cientos de estudiantes de la Universidad Católica de Santa María (UCSM) de la ciudad de Arequipa están expuestos a ser víctimas de delitos. Esto debido a la filtración de información personal en una página de Internet llamada BreachForums. Este es un sitio web conocido en el mundo del cibercrimen como un mercado para la compra y venta de información robada.
Entre los datos filtrados están los nombres completos, correos, números de DNI y celular, hasta la nacionalidad de los estudiantes, según reveló un medio en su cuenta de TikTok. Los delincuentes pueden utilizar estos datos para cometer delitos como robos de identidad y fraudes financieros. La UCSM concentra aproximadamente 20 mil estudiantes.
UNIVERSIDADES EXPUESTAS
La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) también fue víctima del ciberataque masivo que compromete gravemente la privacidad de su comunidad estudiantil. Según informes, se filtraron 25 GB de datos sensibles que incluyen códigos de acceso, plantillas de carnés estudiantiles y otra información crítica relacionada con los alumnos.
BreachForums ha sido vinculado a recientes filtraciones masivas en Perú, entre ellas la exposición de más de 82,000 registros de vecinos del distrito de Miraflores y la divulgación de información confidencial de clientes de Interbank. Según el ‘hacker’ ExKase20, presunto responsable de la filtración en Miraflores, se aprovechó una vulnerabilidad en el sistema de la comuna. En el caso de Interbank, los datos expuestos incluyen información sensible que podría comprometer a miles de usuarios.
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Delitos Informáticos
El Perú cuenta con una legislación específica para combatir los delitos informáticos, como lo establece la Ley N° 30096. Esta norma sanciona con penas de prisión de tres a seis años, además de multas económicas, a quienes interfieran ilícitamente en el funcionamiento de sistemas informáticos, ya sea inutilizándolos, impidiendo el acceso o interrumpiendo sus servicios. Estas medidas buscan proteger la infraestructura tecnológica y garantizar la continuidad de los servicios digitales en un entorno cada vez más dependiente de ellos.
Además, la ley castiga con severidad la interceptación de datos privados a través de medios tecnológicos. Si la información interceptada tiene carácter secreto, confidencial o reservado, la pena aumenta a entre cinco y ocho años de prisión. En los casos más graves, cuando el delito afecta directamente la seguridad, defensa o soberanía del país, la sanción puede alcanzar los diez años de prisión, evidenciando la importancia que el Estado otorga a la protección de los datos y sistemas informáticos.
