El Ministerio Público incluyó a la Policía Nacional como tercero civil responsable en el caso de Sheyla Cóndor Torres, víctima de feminicidio cuyo cuerpo fue hallado en el departamento del suboficial Darwin Marx Condori. Esta medida responde a posibles delitos de omisión de actos funcionales y encubrimiento, reflejando la gravedad de las fallas institucionales.
El fiscal provincial Jimmy Morán explicó que Darwin Condori, principal sospechoso, tenía antecedentes por violación y permaneció activo en sus funciones hasta su muerte. Esto, según la Fiscalía, evidencia negligencia de la Policía en su manejo del caso, desde su supervisión hasta la preservación de la escena del crimen.
Familiares de Sheyla han denunciado que la comisaría de Santa Luzmila, en Comas, no actuó oportunamente frente a su desaparición. Además, videos de la intervención en el hostal ‘Las Perlas’, donde hallaron sin vida el suboficial, muestran irregularidades. Los efectivos manipuron la escena sin precaución, comprometiendo la investigación.
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La necropsia confirmó que el cuerpo de Sheyla tenía todos sus órganos, desmintiendo rumores previos sobre su sustracción. Sin embargo, el caso sigue envuelto en interrogantes. Especialmente por la muerte de Darwin Condori, determinada como asfixia por estrangulamiento, que apunta a un posible suicidio.
Expertos y colectivos feministas han cuestionado duramente el accionar policial, señalando que estos casos reflejan un patrón de impunidad y desprotección hacia las mujeres. La falta de protocolos efectivos y la normalización de la violencia dentro de la institución demandan una urgente reforma.
El vocero de la Fiscalía, Víctor Cubas, calificó la intervención como irregular, comprometiendo aún más la credibilidad de la Policía. Este caso no solo es un llamado de atención sobre la violencia de género. Sino también sobre la responsabilidad del Estado en garantizar justicia y protección.
El feminicidio de Sheyla Cóndor Torres pone en evidencia no solo el crimen de un individuo. Sino también el colapso de sistemas que deberían prevenir y sancionar este tipo de violencia. El reto ahora es transformar esta indignación en cambios concretos que refuercen la confianza ciudadana.
