La Municipalidad Distrital de Jocobo Hunter intervino nuevamente una concretera ubicada en el puente Bailey que operaba sin licencia. Al momento de la intervención personal de Serenazgo fue agredido. Según la gerente de Desarrollo Económico, Ana Alfaro Charca, clausuraron el establecimiento el pasado 4 de diciembre por no contar con licencia de funcionamiento, ni la de Defensa Civil. «Procedimos al tapiado con muros de concreto para garantizar el cumplimiento del cierre», detalló. Sin embargo, denuncias vecinales llevaron a las autoridades a descubrir que los bloques habían sido ingresados al local, violando la clausura.
Al inspeccionar el lugar se hallaron los bloques al interior del establecimiento, ocultos bajo plásticos. «Esto constituye un desacato a la autoridad, ya que el negocio no podía operar debido a la falta de permisos», añadió Alfaro.
La concretera enfrenta denuncias previas por contaminación y construcción irregular, lo que agrava su situación legal. El primer operativo se llevó a cabo en respuesta a la solicitud de los habitantes de la zona, quienes expresaron estar hartos del constante ruido y la contaminación producida por su funcionamiento. Los residentes también se quejaron de los daños a la salud que provoca la empresa clausurada, especialmente en niños y adultos mayores. Esto debido a la gran cantidad de polvo que se generaba a diario.
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La intervención derivó en enfrentamientos. Resultaron agredidos al menos 3 miembros de Serenazgo por personas del establecimiento. Los cuales lanzaron piedras, causando lesiones al personal de Serenazgo, explicó la funcionaria. También se reportó el daño a un dron utilizado durante la inspección.
Se trasladó al dueño de la empresa clausurada a la comisaría. Y detuvieron a tres trabajadores de la concretera. Alfaro afirmó que se presentarán denuncias por agresión y desacato a la autoridad. «Se tomaron medidas para asegurar nuevamente el cierre y seguir con el proceso administrativo sancionador», sostuvo.
La gerente de Desarrollo Económico informó que realizarán las denuncias correspondientes ante la Policía y Fiscalía. Este caso pone en evidencia los riesgos de operar fuera de la ley y los desafíos que enfrentan las autoridades para hacerla respetar.
