La Comisión Permanente del Congreso otorgó un plazo de 15 días para investigar dos denuncias contra la presidenta Dina Boluarte, por las muertes en las protestas y el escándalo del caso “Rolex”.
La Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó otorgar 15 días de plazo para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue dos denuncias contra la presidenta Dina Boluarte. La medida fue votada favorablemente en una sesión donde se reconoció la procedencia de los casos. Permitiendo así que la subcomisión determine si las acusaciones tienen base para proceder judicialmente.
Las denuncias contra Boluarte abarcan dos aspectos cruciales: el escándalo del «Rolex» y las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. En el caso del «Rolex», se acusa a la presidenta de recibir relojes y joyas de lujo como sobornos para aprobar transferencias de recursos a la región de Ayacucho. Esto según el exfiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, constituye un delito de cohecho pasivo impropio.
La segunda denuncia, también formulada por Villena, tiene implicaciones mucho más graves. Este caso la involucra y acusa de homicidio calificado y lesiones graves por la represión durante las protestas en las que murieron decenas de ciudadanos y cientos resultaron heridos. La denuncia se extiende además a varios exministros de su gobierno, acusados de complicidad en estos hechos violentos.
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Además de las denuncias contra Boluarte, la Comisión Permanente también aprobó investigar a otros exministros por acusaciones de corrupción. Entre ellos destacan Jorge López Peña, Carlos Morán y Betssy Chávez. A las exautoridades se les imputa presunto enriquecimiento ilícito y otros delitos relacionados con la administración pública durante su gestión.
Cabe señalar que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, también intervino en este proceso, solicitando al presidente del Congreso que se tramiten otras 16 denuncias constitucionales que están pendientes desde enero. Estas denuncias incluyen varios casos graves relacionados con las muertes durante las protestas. Esto refleja la creciente presión para que el Congreso actúe frente a las denuncias en curso.
El contexto político de Perú está marcado por una fuerte polarización. Y estas investigaciones podrían tener repercusiones significativas tanto en la estabilidad del gobierno de Dina Boluarte como en su relación con la oposición. Si bien el plazo de 15 días no es definitivo, la presión social y política sobre el Congreso y la presidenta es evidente.
Este avance en las investigaciones marca un punto de inflexión en el proceso judicial que involucra a la presidenta. Boluarte sigue enfrentando críticas por su manejo de las protestas y las acusaciones de corrupción. Las decisiones que tome el Congreso en los próximos días podrían ser determinantes para su futuro político y el rumbo de la política peruana en los próximos meses.
