Manifestantes exigen soluciones a la contaminación de ríos Coralaque y Tambo, cumplimiento de acuerdos previos y atención a demandas sociales mientras la región paraliza sus actividades.
El segundo día de huelga indefinida en Moquegua ha intensificado las protestas contra la contaminación minera y la inacción del Gobierno Central. Desde la madrugada, el puente Montalvo, un punto estratégico de conexión en la carretera Panamericana, permaneció bloqueado por manifestantes que pernoctaron en los alrededores para garantizar el cierre de la vía.
Los ciudadanos demandan una solución inmediata a la contaminación de los ríos Coralaque y Tambo, producto de las actividades de la mina Aruntani SAC. Entre sus exigencias están la remediación de las aguas afectadas, la distribución justa del recurso hídrico de la represa Yanapuquio (en proyecto), mejoras en las vías de transporte de carga pesada y el cumplimiento de compromisos asumidos en mesas de diálogo previas.
Cientos de manifestantes, provenientes de distritos como Torata, San Antonio y Chen Chen, se han movilizado hacia el puente, organizando ollas comunes para sostener la protesta. Mientras tanto, decenas de vehículos de carga pesada, buses interprovinciales y automóviles permanecieron varados a ambos extremos de la vía. El fiscal de Prevención del Delito, Manuel Bernedo, junto con la policía, intentó persuadir a los manifestantes para liberar el tránsito, pero no tuvo éxito.
Las vías alternas, como la trocha de Huaracane, han aliviado parcialmente el tránsito, pero no evitan la acumulación de vehículos. “Nosotros permitimos el paso de emergencias, pero el Gobierno debe entender que esta protesta no se detendrá mientras no haya soluciones”, afirmó un agricultor.
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Gobernadora brinda respaldo
La gobernadora regional, Gilia Gutiérrez, anunció que los trabajadores del Gobierno Regional y las municipalidades tendrán “todas las facilidades” para sumarse a la huelga, medida respaldada en una reunión a puertas cerradas con alcaldes y autoridades locales. Sin embargo, expertos legales advierten que esta decisión podría traer sanciones tanto para los servidores que abandonen sus labores como para las autoridades que no garanticen el cumplimiento de sus funciones.
