La Comisión de Constitución del Congreso aprobó aumentar de siete a nueve los magistrados del Tribunal Constitucional. La iniciativa recibió el respaldo de 20 parlamentarios. Cuatro votaron en contra y hubo tres abstenciones.
La Comisión de Constitución, liderada por Fuerza Popular, aprobó un polémico dictamen para incrementar de siete a nueve los magistrados del Tribunal Constitucional (TC). Esta reforma a la Carta Magna, promovida por Alejandro Muñante (Renovación Popular), busca reducir la carga procesal del TC, que enfrenta más de 6 mil casos pendientes.
El proyecto, respaldado por 20 votos y rechazado por cuatro, propone que la reforma entre en vigor tras su publicación en el diario oficial “El Peruano”. Sin embargo, al tratarse de una enmienda constitucional, se debe ratificar por el pleno del Congreso. Se necesitarán 87 votos en dos legislaturas o mediante referéndum con 66 votos.
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Los defensores, entre ellos Fernando Rospigliosi y Patricia Juárez, argumentan que el aumento de magistrados permitirá una mayor eficiencia, creando tres salas para dividir las ponencias. Señalan que países como Colombia, Chile y Alemania cuentan con tribunales constitucionales de mayor composición.
Por otro lado, opositores como Ruth Luque advierten sobre los riesgos políticos. Consideran que la medida podría ser utilizada para influir en decisiones clave del TC, en un contexto donde la independencia judicial es crucial. “No es acorde al momento actual”, enfatizó la congresista.
Además, el debate sobre si esta reforma realmente no generará gastos adicionales al Estado, como afirma el proyecto, ha suscitado dudas. La eficiencia prometida dependerá no solo de más magistrados, sino también de cómo se administre la institución.
El TC es el máximo intérprete de la Constitución y sus decisiones impactan en temas fundamentales para el país. Cualquier cambio en su estructura merece un análisis cuidadoso, considerando las implicancias legales y políticas.
La decisión ahora está en manos del Congreso. Y su resolución definirá si este cambio fortalece la justicia o abre la puerta a posibles injerencias políticas. Al tratarse de una reforma a la Carta Magna, requiere al menos 87 votos en dos legislaturas distintas o 66 votos. Y la ratificación a través de un referéndum.