La nueva norma aprobada por el Congreso limita las investigaciones por crimen organizado, beneficiando a personajes como Agustín Lozano, investigado en el caso ‘Los Galácticos’.
La reciente aprobación de la Ley 32138 por el Congreso ha desatado polémica al limitar las facultades de la Fiscalía en casos de crimen organizado. Según el fiscal provincial Juan Orihuela, esta norma ha impedido continuar con la investigación por organización criminal contra Agustín Lozano, presidente de la FPF, vinculado al caso ‘Los Galácticos’.
La ley modifica el artículo 317 del Código Penal, redefiniendo crimen organizado y excluyendo delitos como fraude, corrupción privada y tráfico de influencias de este marco. Orihuela advirtió que esto atenta contra investigaciones de alto perfil, debilitando la lucha contra redes delictivas en sectores clave como el deporte y el medio ambiente.
Orihuela explicó que la investigación a Lozano por lavado de activos seguirá, pero bajo un marco jurídico menos severo. Esto expone un vacío legal que podría ser aprovechado por otras figuras investigadas por delitos complejos, poniendo en duda la capacidad del sistema judicial para enfrentar la corrupción.
También puedes leer: Acosan a deportistas que practican el slackline
El fiscal defendió la solicitud de detención preliminar de Lozano, presentada antes de que la Corte Suprema estableciera la aplicabilidad de la nueva ley. Sin embargo, la Quinta Sala Penal confirmó que la Ley 32138 no viola tratados internacionales como el Convenio de Palermo, dejando a la Fiscalía sin más opciones legales.
La controversia radica en la contradicción entre el fortalecimiento de leyes contra el crimen transnacional y la debilitación de herramientas locales. Esto plantea la necesidad urgente de revisar la norma para no proteger a los mismos que pretende combatir.
Analistas y juristas han criticado duramente esta legislación, señalándola como un retroceso en la lucha contra el crimen organizado. La comunidad internacional observa con preocupación cómo Perú podría convertirse en un paraíso legal para ciertos delitos.
