La baja ejecución de fondos compromete la mejora de servicios de saneamiento en Arequipa, según el último reporte de la Sunass.

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) reveló que Sedapar, la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado de Arequipa, apenas ejecutó S/ 79.2 millones de los S/ 395.7 millones proyectados para el periodo regulatorio 2021-2026. Este nivel de ejecución, equivalente al 20 %, plantea serios desafíos para el cumplimiento de metas.

Según el reporte, Sedapar alcanzó hasta junio de 2024 un avance acumulado del 20 % en inversiones, un 26 % menos de lo programado. En el tercer año regulatorio, la ejecución llegó a 43.6 % de S/ 81.3 millones disponibles. Solo se invirtieron S/ 35.4 millones, culminando 62 de los 94 proyectos planificados. Este patrón se repite desde 2021, con índices de ejecución entre el 42 % y el 51.3 %.

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Yanet Montoya Vera, gerenta general de Sedapar, reconoció las dificultades que «Tenemos un retraso en la ejecución presupuestal, es verdad, pero es un tema que lamentablemente le ocurre a todas las entidades públicas. El sistema de gestión en el Estado pasa por mucha formalidad». Montoya atribuyó la situación a los procesos burocráticos que incluyen preinversión, elaboración de expedientes técnicos y licitaciones públicas.

Además, la gerente indicó que la Ley N° 32069, relacionada con las contrataciones públicas, tiene el potencial de acelerar los procesos y optimizar la ejecución presupuestaria. No obstante, destacó que aún se espera la publicación de los reglamentos pertinentes.

Montoya aseguró que Sedapar apunta a cumplir el 94 % de su Plan Maestro Optimizado al cierre de 2024. La Sunass advirtió que este bajo desempeño podría derivar en sanciones al término del ciclo regulatorio y comprometería las mejoras en los servicios de saneamiento.

No obstante, el rezago afecta obras estratégicas como la ampliación del servicio de agua potable para Socabaya-Characato-Sabandía (S/ 80 millones) y Tiabaya-Uchumayo-Sachaca (S/ 70 millones). Ambas enfrentan observaciones de la Contraloría, lo que podría retrasar aún más su ejecución.

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