Juan Ortíz tiene hijos en común con Ana Dorelly Moscoso Carazas, secretaria de Gobernación, que labora de la mano con Rohel Sánchez. Hasta el momento, su empresa ha facturado S/ 415 mmil. Aunque niega afinidad sentimental, la norma es clara al señalar que los progenitores de los hijos de funcionarios están dentro de los alcances de la figura de nepotismo.
Juan Martín Ortiz Paulet es titular y gerente de la empresa Construcciones, bienes y servicios electromecánicos EIRL. Esta ya facturó S/ 415 mil con el Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Lo cual no tendría nada de malo, si no fuera porque Ortiz Paulet es padre de los hijos de Ana Dorelly Moscoso Carazas, secretaria de gobernación en la gestión de Rohel Sánchez. La funcionaria además, ya estuvo involucrada en otros casos de contrataciones de empresas de su familia. Motivo por el cual el gobernador denunció a otro medio digital.
Proveedor del GRA
Si bien la empresa de Ortiz Paulet tiene lazos contractuales con diferentes instituciones públicas a nivel nacional, la gestión de Rohel Sánchez también le ha permitido brindar onerosos servicios. Algo que no debería haber pasado, pues al ser padre de los hijos de Ana Moscoso, le alcanza las causales de nepotismo que señala la Ley de Contrataciones del Estado. Esta señala que los progenitores de hijos de los funcionarios no pueden contratar con la entidad en la que laboran.
De acuerdo al portal de Proveedores con el Estado, el primer contrato con la actual administración se concretó el 18 de agosto del 2023. Fueron S/ 135 mil para la instalación del sistema de agua contra incendios, incluido equipos, materiales, prueba y puesta en marcha. Esto para la obra “Mejoramiento de los servicios educativos de la I.E. 40165 San Juan Bautista de La Salle, en el distrito de Arequipa, provincia y región Arequipa – I etapa”.
Después, el 3 de octubre del mismo año, cuando todavía realizaba los trabajos de instalación anteriormente descritos, ganó otro servicio de instalación de muro cortina (a todo costo). Esta vez para la ejecución de la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto Tecnológico Faustino B. Franco, distrito de Samuel Pastor, provincia de Camaná”. Todo por un monto ascendente a 280 mil soles.
Acepta vínculo
Nos comunicamos con Juan Ortiz Paulet para obtener sus descargos. El empresario señaló que ambos servicios los obtuvo tras participar en licitaciones publicadas en la casilla del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace) y negó conocer personalmente al gobernador Rohel Sánchez.
En cuanto al nexo con Ana Dorelly Moscoso, sostuvo que no tiene ningún tipo de afinidad sentimental desde el año 2008. El único lazo que los une son los hijos en común. Según él, sabe que su excónyuge labora en la Gobierno Regional de Arequipa, pero desconoce el puesto que ocupa.
«Si tengo conocimiento que la señora trabaja en el GRA, lo que si desconozco es en qué área, oficina o cargo se desempeña, puesto que no tengo ningún tipo de comunicación con ella desde el año 2008, año en que nos separamos, y en términos no muy amigables. No lo conozco personalmente (a Rohel Sánchez), sé que es el gobernador, pero no tengo el gusto de conocerlo.(…) Mi representada licita a nivel nacional mediante el portal SEACE, el cual nos permite participar y remitir nuestras ofertas de manera electrónica», explicó.
Hay infracción
El abogado especialista en temas municipales, Jorge Sumari Buendía, aclaró que mientras Ana Moscoso Carazas sea funcionaria de Rohel Sánchez y tenga un vínculo laboral con el GRA, el padre de sus hijos esta impedido de brindar prestaciones bajo cualquier modalidad. Por su parte, Ana Moscoso Carazas también habría incurrido en falta al no declarar su nexo ante la Contraloría de la República.
“Hay un conflicto de interés porqué él (Juan Ortiz)l no puede tener ningún tipo de contrato. Ella (Ana Moscoso) tuvo que declarar a la Contraloría si tuvo hijos y con quién para que sean advertidos del impedimento. Si ha obviado ese procedimiento, hay un problema. Él también sabe que no puede contratar, pero ha actuado con conducta dolosa para querer aprovecharse y sorprender. Se tiene que investigar”, explicó a este medio digital.
El letrado asegura que existen indicios de favorecimiento, por lo que el Ministerio Público está en la potestad de aperturar una carpeta fiscal. “Ella puede decir que no sabía nada, pero en el cargo que está puede que tenga injerencia. Ninguna persona vinculada a un funcionario puede contratar con la institución. Ese vínculo hace que haya un impedimento. Amerita una investigación para determinar si hubo un direccionamiento en la contratación de esta empresa”, concluyó.
Sancionada por OSCE
Construcciones, bienes y servicios electromecánicos EIRL no es del todo de fiar. Conforme a la Resolución N° 1629-2018-TCE-S3, fue sancionada con una multa equivalente a 6 mil 800 soles por su responsabilidad en incumplir injustificadamente con su obligación de perfeccionar el contrato de la adjudicación simplificada N° 34-2017-SC/GR.MOQ-1. Una licitación convocada por el Gobierno Regional de Moquegua, para la contratación de bienes de ferretería para armados de un proyecto en el distrito de Ilo.
Incluso, el Tribunal de Contrataciones del Estado (TCE) dispuso la suspensión de participar en cualquier procedimiento de selección y otros procesos públicos mientras no pague su multa. Sin embargo, no es la única sanción que pesa sobre la cuestionada contratista.
Según la Resolución N° 03446-2024-TCE-S2, también se le inhabilitó por 4 meses, a partir del 1 de octubre del 2024, por su responsabilidad al haber ocasionado que el Gobierno Regional de Madre de Dios resuelva la orden de compra de internamiento N° 0001231. Esto por incumplir la adquisición de sistemas de detección y alarma de incendios nivel primario y secundario para un proyecto educativo. Es decir, actualmente no puede participar en licitaciones públicas ni brindar servicios con entidades del Estado. Y esto porque su sanción se encuentra vigente.
Cuestiona a gestión
La consejera Yesenia Choquehuanca Cruz cuestionó que empresas ligadas a trabajadores y funcionarios del gobernador continúen beneficiándose con presupuesto público. Por ello, solicitará información para verificar si estos servicios fueron transparentes, o si existió algún tipo de direccionamiento. “Nosotros vamos a pedir información a través de Presidencia, para que puedan agilizar los trámites. Oficiaré todos los pedidos correspondientes para que nos remitan la información en vista de que existen indicios que se prestan a suspicacias”, declaró.
En tanto, Revelación.pe llamó en reiteradas ocasiones a la gerente general, Norma Mamani Coila pero no contestó. Le escribimos por WhatsApp explicando el tema y tampoco respondió. Tampoco pudimos comunicarnos con Ana Moscoso.
Familia afortunada
Ana Dorelly Moscoso Carazas y Juan Martín Ortíz Paulet no son los únicos, de la familia Moscoso Carazas, que se benefician con contratos y servicios con el Gobierno Regional de Arequipa. En julio, el periodista Luis Zapata de diario Viral reveló que la empresa Depósito Santa Beatriz tuvo 12 contratos con la institución. Sus servicios superan los 490 mil 876 soles. La representante legal de esta empresa es Lorena Jesús Carazas Cáceres, tía de Ana Dorelly Moscoso Carazas.
Lorena Carazas también fue secretaria del Rectorado de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) cuando Rohel Sánchez era rector. Pese a estas evidencias, el gobernador, fiel a su estilo, señaló al medio de comunicación local que desconoce a ambas servidoras públicas. Y en lugar de aclarar estos controvertidos contratos, querelló al comunicador y al medio en mención.
