El presidente Javier Milei implementa reformas drásticas en el sistema penitenciario de Argentina, inspiradas en el modelo de El Salvador de Nayib Bukele, con medidas como la eliminación de celulares en prisión y la obligación de trabajos forzados.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha lanzado una serie de reformas radicales en el sistema penitenciario, tomando como modelo el enfoque implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. La reforma busca reducir la criminalidad y transformar las cárceles del país, que, según Milei, se convirtieron en espacios de “lujos” para los reclusos.
Una de las primeras acciones dentro de este plan fue la retirada de los celulares a los presos, medida que busca cortar los canales de comunicación con el exterior, especialmente con organizaciones delictivas. Además, Milei se comprometió a eliminar el narcotráfico dentro de las prisiones, señalando que la intervención en el sistema penitenciario es solo el inicio de una serie de cambios estructurales en el país.
La estrategia de Milei se inspira ampliamente en la lucha de Bukele contra las pandillas en El Salvador, que incluyó la militarización de las cárceles y la eliminación de los privilegios de los reclusos. Si bien la postura de Bukele ha recibido elogios por su efectividad en reducir la violencia, también ha sido objeto de duras críticas por las acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Milei parece decidido a seguir este camino, a pesar de los riesgos asociados.
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Trabajos forzados
Entre las medidas más controvertidas anunciadas por Milei está la obligatoriedad de trabajos forzados para los reclusos, quienes deberán colaborar en tareas que, según el presidente, contribuirán a la sociedad. Estas reformas, aunque presentadas como una solución para disminuir la delincuencia, también han desatado un intenso debate sobre la ética de tratar a los reclusos como mano de obra gratuita y la posibilidad de que esto no resuelva las causas profundas de la criminalidad.
Las reacciones a las reformas no se han hecho esperar. Mientras algunos sectores de la sociedad argentina aplauden la postura firme del gobierno contra la delincuencia, las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el enfoque punitivo del plan. Argumentan que, en lugar de reducir la delincuencia a través de la represión, el gobierno debería abordar las causas subyacentes como la pobreza, la falta de educación y las oportunidades de empleo.
El futuro del sistema penitenciario en Argentina dependerá de la efectividad de estas reformas y de la capacidad del gobierno para equilibrar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos. El éxito o fracaso de estas políticas será clave para determinar si Argentina sigue el mismo camino de El Salvador en la lucha contra la delincuencia o si se enfrenta a las consecuencias de un enfoque demasiado punitivo.
