La inseguridad ciudadana afecta transversalmente a empresas de todos los tamaños, desde microempresas hasta grandes compañías, señala Alfonso Bustamante, presidente de CONFIEP, quien insta a un enfoque integral y político para enfrentar el problema.
Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP), alertó sobre los efectos de la inseguridad ciudadana en el sector empresarial peruano. Bustamante enfatizó que «la seguridad personal puede disuadir a cualquier persona de arriesgar su capital e instalarse en algún lugar para hacer un negocio».
El presidente de la Confiep destacó que la minería ilegal es un ejemplo crítico del impacto de la inseguridad. “La minería ilegal ha tomado el 10% del área de concesión de Minera Poderosa; esta es una barbaridad”, señaló. En el caso de las pequeñas empresas, afirmó que el 60% de los bodegueros en Lima han recibido amenazas de extorsión, lo que ha llevado al cierre de 1,500 bodegas solo este año. “Las pérdidas por la inseguridad son enormes, conocemos de primera mano la tragedia en la que viven muchos microempresarios”, agregó.
Además, Bustamante subrayó que las acciones gubernamentales actuales, aunque existentes, son insuficientes para combatir este problema. Según él, es necesario fortalecer la cadena de justicia: “Proponemos decisiones políticas para dotar de herramientas efectivas a la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, de modo que puedan no solo capturar, sino también procesar oportunamente a los criminales”.
También puedes leer: Cámaras de Comercio emiten la “Declaración de Arequipa”
Respecto a la reciente censura del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, Bustamante expresó su preocupación, destacando que el Congreso debería considerar el impacto de sus decisiones. “Sorprenden las razones por las que lo han censurado”, puntualizó.
