Mientras Andrés Hurtado enfrenta prisión preventiva por corrupción, su defensa busca liberarlo mediante un habeas corpus y descarta recurrir a la colaboración eficaz.
El presentador Andrés Hurtado, quien está cumpliendo 18 meses de prisión preventiva por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y sobornos, ha sido señalado por intimidar a los fiscales encargados de su caso, Alejandra Cárdenas y Juan José Castillo. Según fuentes de Perú21, Hurtado intimidó a los fiscales durante un interrogatorio reciente, lo que motivó que el fiscal Alcides Chinchay dispusiera que Castillo continuara la diligencia, en lugar de la fiscal Cárdenas.
Hurtado rechaza colaborar eficazmente con la Fiscalía, asegurando que gestionará arresto domiciliario mediante sus supuestas conexiones en el Ministerio Público. Fuentes citadas afirmaron: “Dijo que el fiscal adjunto supremo, que es su amigo, pedirá variar su situación legal a arresto domiciliario”.
También te podría interesar: Sentenciados por delitos graves no ejercerán cargos públicos
Su abogado, Elio Riera, señaló que solo han presentado un habeas corpus. “Estamos avanzando con los trámites pertinentes [..] La colaboración eficaz no es la vía indicada para cuestionar la libertad del señor Hurtado”, declaró a un medio televisivo. Además, presentó una «tutela por imputación necesaria» según el abogado Riera por falta de precisión en las acusaciones.
Pedido de Libertad
Durante una audiencia en octubre, Andrés Hurtado solicitó enfrentar el proceso en libertad, argumentando arraigo familiar y ausencia de riesgo de fuga. Señaló desde el penal de Lurigancho que nunca tuvo intención de escapar. Y que puede afrontar su juicio afuera, con transparencia y dedicándose a trabajar. También destacó su rol como único proveedor de su familia, incluyendo a su hija con necesidades especiales.
Testigos
Por otro lado, Génesis y Josetty Hurtado, hijas del presentador de televisión, han sido citadas por la Fiscalía para declarar como testigos el próximo 16 de diciembre. Mientras que la defensa insiste en que las acusaciones carecen de fundamentos sólidos y el Poder Judicial evalúa la continuidad de la prisión preventiva.
