El vocero de la Presidencia, Fredy Hinojosa, ha sido señalado por usar un vehículo oficial para fines personales, en aparente incumplimiento de las normativas vigentes.
Un reportaje del programa Punto Final reveló que Fredy Hinojosa, vocero del despacho presidencial, ha utilizado un auto asignado a la Presidencia como movilidad personal. Según registros, fue trasladado desde su domicilio a Palacio de Gobierno en varias ocasiones durante octubre y noviembre. Esto a pesar de que las normativas no contemplan este beneficio para su puesto.
La directiva N°008-2017, que regula la administración de vehículos del despacho presidencial, establece que los autos oficiales solo deben ser usados para comisiones, envío de documentos o traslado de bienes. Sin embargo, Hinojosa habría ignorado estas restricciones, generando cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.
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Desde Palacio de Gobierno, el Área de Prensa defendió el uso del vehículo, citando la Ley de Presupuesto Público 2024, que permite asignar movilidad a altos funcionarios. Este argumento ha sido desestimado por expertos como José Elice y Víctor Andrés García Belaunde, quienes enfatizan que Hinojosa no es parte de la burocracia estatal ni tiene rango para acceder a este tipo de beneficios.
Elice señaló que el empleo permanente de vehículos oficiales para voceros es inapropiado y va en contra de la práctica histórica en Palacio. Por su parte, García Belaunde calificó el caso como un ejemplo de privilegio indebido, cuestionando el criterio para asignar recursos del Estado.
Este caso reabre el debate sobre el uso de los bienes públicos y la transparencia en la gestión de recursos en el Ejecutivo. Además, pone en evidencia la necesidad de establecer límites claros para evitar abusos por parte de funcionarios que no están amparados por la normativa vigente.
Aunque Hinojosa no ha ofrecido declaraciones, la controversia resalta las inconsistencias en el manejo de privilegios dentro del despacho presidencial. Esta situación invita a una revisión urgente de las regulaciones para garantizar la rendición de cuentas en la administración pública.
