Los parlamentarios de Fuerza Popular consiguieron las 33 firmas necesarias para concretar la moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por Ley MAPE.
Fuerza Popular inició el proceso para presentar una moción de censura contra Rómulo Mucho, titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem). Esto tras su impulso de la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE). Según Luis Arturo Alegría, vocero de la bancada, el proyecto evidencia una «incapacidad absoluta» para liderar el sector.
El proyecto de Ley MAPE ha sido duramente criticado por congresistas de diversas bancadas, quienes consideran que carece de profundidad y viabilidad. Legisladores como Roberto Chiabra señalan que el texto ignora causas estructurales, como la falta de control en los insumos y el escaso avance en formalización minera en las últimas décadas.
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Además, otros parlamentarios como Guido Bellido y Hamlet Echeverría sostienen que el proyecto amplía funciones del fallido Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Este es un registro que solo logró formalizar al 2.4 % de los 90 mil mineros inscritos. Para ellos, la propuesta «abre puertas a más informalidad» en un contexto crítico de aprobación presupuestaria.
La Ley MAPE ha sido calificada como un «mamarracho» por congresistas como José Luna, quien enfatizó que, tras dos años de trabajo, el resultado no aporta soluciones reales. La falta de claridad en los objetivos y el posible retroceso en la lucha contra la minería ilegal preocupan a diversos sectores.
El debate sobre la moción de censura se perfila como un conflicto político clave, pues refleja tensiones en torno a la gobernabilidad del Minem. Críticos de Mucho sostienen que el ministro debe renunciar antes de generar más incertidumbre en el sector minero.
El Gobierno defiende el proyecto argumentando que es un paso inicial para una regulación más inclusiva. Sin embargo, las bancadas opositoras ven en esto una excusa para retrasar soluciones integrales, cuestionando el compromiso real del Ejecutivo con la formalización minera.
