El informe de la Contraloría revela fallas graves en la adjudicación de la carretera Jachaña-Cayarani. Una empresa con antecedentes cuestionables formaba parte del consorcio ganador, que incumplió requisitos clave. Además, se identificaron plazos y costos inflados en la supervisión.
Los errores de la gestión del gobernador Rohel Sánchez no dejan de salir a la luz. Revelación.pe sacó una serie de reportajes evidenciando cómo un grupo de empresas simulaban perder algunas licitaciones para ganar otras. Una de ella era DIMICA CA, una empresa venezolana que tiene antecedentes de falsificar documentos en Pasco y Puno.
Esta misma empresa forma parte del Consorcio LTR, ganador de la licitación de la construcción de la carretera Jachaña-Tambopata-Viscavisca-Cayarani-Puente Cayarani. Los otros integrantes del consorcio son Mibisa EIRL, Scorpion Contratistas Generales SAC y Percy Rojas Naupay.
Esta vez, la Contraloría General de la República publicó el Informe de Hito de Control N° 25828-2024-CG/GRAR-SCC en el que evidencia que el Gobierno Regional de Arequipa firmó la buena pro de la obra a pesar de que el Consorcio LTR no presentó la Garantía de Fiel Cumplimiento por 8 millones 616 mil 489 soles, equivalente al 10 % del costo de la obra. Este es un requisito indispensable que permite respaldar la correcta ejecución de la obra por parte de la contratista. Se presenta como un depósito en el banco o una póliza.
La historia
El proceso de selección para la construcción de la carretera Jachaña-Cayarani se convocó a fines de mayo de 2024. Cabe recalcar que la garantía descrita líneas arriba estaba consignada en las bases de la licitación. Es así que el acta de la Buena Pro de la obra, de acuerdo al portal del Seace (Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado), se firma el 13 de agosto de 2024 y luego, el 17 de septiembre, se suscribe el contrato, con algunas movidas cuestionables que le permitían al consorcio no cumplir con la garantía de fiel cumplimiento.
Resulta que el 27 de julio se publica la Ley 32103, que en lo que resta del año se permitía a las entidades facultar a los postores optar por la retención de sus pagos como garantía. Por lo tanto no era necesaria la Garantía de Fiel Cumplimiento. En las obras que tenían procesos de licitación previa se debía consignar en el acta de Buena Pro que la entidad autorizaba esta modalidad alternativa. Sin embargo, de acuerdo a la Contraloría, ello no sucedió para la licitación de la obra Jachaña-Cayarani.
Al parecer, cuando se dieron cuenta del problema, quisieron arreglarlo consignando la nueva modalidad en el contrato. La Contraloría advirtió que la aplicación de la normativa no acorde pudo generar dificultades para asegurar la correcta ejecución de la obra. Afortunadamente, el consorcio no ejecutará la carretera debido a sanciones del OSCE a uno de sus integrantes DIMICA CA, a la cual le quitó la facultad de ejecutor de obras. Pero la falta ha quedado advertida.
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Otros errores identificados
Otro aspecto identificado por el órgano de control fue que para convocar el proceso de selección de la empresa que se encargaría de la supervisión de la obra se consignaron plazos mayores a los que corresponde su ejecución. De acuerdo al informe, la ejecución de la obra debía durar 330 días calendario, pero en las bases administrativas consignaron 450 de supervisión.
Lo que hicieron fue considerar un plazo adicional de 120 días para pagarle a la empresa por supervisar la resolución de observaciones en la recepción de la obra. «De presentarse dicho supuesto (en el que hayan observaciones) las prestaciones que se ejecuten en el periodo otorgado para su subsanación no dan derecho a ningún concepto a favor de la supervisión», dice el informe de la Contraloría.
Este incremento de 4 meses en las labores de supervisión también afecta el valor referencial de la consultoría (S/ 3 161 940) lo que terminaría impactando en la utilidad en favor de los postores (10 %), pero en perjuicio del Estado. ¿Ahora, quién tuvo la culpa de estas irregularidades señor Rohel Sánchez? ¿Culpará a la prensa?
