Gustavo Adrianzén afirma que el proceso contra Nicanor Boluarte busca desacreditar a la presidenta. La defensa oficial cuestiona la prisión preventiva dictada por el Poder Judicial.
El primer ministro, Gustavo Adrianzén, aseguró que Dina Boluarte se encuentra «consternada» por los 36 meses de prisión preventiva impuestos a su hermano Nicanor Boluarte, acusado de delitos relacionados con organización criminal y tráfico de influencias. Pese a su estado emocional, la presidenta continúa «incólume al frente de sus responsabilidades».
El caso según Adrianzén, forma parte de una supuesta «campaña soterrada» que busca acusar a Boluarte de incapacidad moral para impulsar su vacancia desde el Congreso. En declaraciones a la prensa extranjera, sostuvo que el proceso judicial contra Nicanor refleja una «judicialización de la política». Además, acusó al Ministerio Público de actuar con intenciones mediáticas.
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La orden judicial fue dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho en el marco del caso «Waykis en la sombra», en el que se investiga una presunta red criminal. Según Gustavo Adrianzén, las acusaciones pretenden construir una narrativa que eventualmente relacione a la presidenta con estos delitos, algo que calificó como «una afiebrada tesis».
El jefe del gabinete también criticó lo que considera una politización de la justicia, al señalar que «un fiscal no debe ser una figura mediática ni un actor político». Estas declaraciones se producen en medio de tensiones políticas y señalamientos que apuntan a un trasfondo político en las acciones judiciales contra Nicanor Boluarte.
Tensión política
Por su parte, el Ministerio Público defendió la independencia de sus acciones. Mientras que sectores opositores insisten en investigar posibles vínculos entre Dina Boluarte y los hechos que involucran a su hermano. Este escenario aviva el debate sobre la delgada línea entre justicia y política en el país.
El caso ha generado reacciones divididas. Mientras aliados del gobierno denuncian intentos de desestabilización, analistas políticos advierten sobre el impacto que la situación tendría en la imagen y gobernabilidad de Boluarte. La ausencia de denuncias directas contra la presidenta no ha evitado que las especulaciones afecten su liderazgo.
