La Comisión de Justicia y Derechos Humanos dio luz verde a un proyecto que garantiza derechos básicos a parejas del mismo sexo, marcando un importante avance en el camino hacia la igualdad.
La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el dictamen que regula la unión civil entre parejas del mismo sexo. Este proyecto busca otorgarles protección estatal, acceso a derechos como pensión de sobrevivencia, administración de bienes y decisiones médicas de emergencia. Ahora, el texto pasará al pleno del Parlamento para su debate y votación final.
Aunque el proyecto representa un avance significativo, los congresistas aclararon que no se trata de un matrimonio. La iniciativa excluye derechos como la adopción de niños, pero garantiza aspectos clave relacionados con la propiedad de bienes, alimentación y seguridad social. Este enfoque ha generado tanto apoyo como críticas, ya que no satisface completamente las demandas de ciertos sectores que buscan igualdad plena.
El tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Cavero, celebró la aprobación del dictamen y lo calificó como un paso importante hacia la libertad y la igualdad ante la ley. «Esto no es un tema de izquierdas ni de derechas, sino de respeto al proyecto de vida del prójimo», afirmó Cavero, destacando el carácter histórico de la medida tras más de dos décadas de espera en el país.
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Aún no es suficiente
A pesar del avance, el proyecto divide opiniones en la ciudadanía y entre los parlamentarios. Algunos sectores consideran que la unión civil es un derecho fundamental que debió reconocerse hace tiempo, mientras que otros critican la exclusión de temas como la adopción y señalan que esto perpetúa la discriminación estructural.
El dictamen establece un punto medio en el camino hacia la igualdad plena. Permite a las parejas del mismo sexo acceder a ciertos derechos y protecciones sin incluir temas más controversiales que podrían dificultar su aprobación en el pleno. Sin embargo, los sectores activistas advierten que este modelo puede reforzar una desigualdad jurídica entre las uniones civiles y los matrimonios tradicionales.
Esta iniciativa evidencia los retos que enfrenta el Congreso al abordar temas de derechos civiles. El proceso, que se extendió por 21 años, refleja las tensiones entre el avance de las libertades individuales y la resistencia cultural y política a estas reformas. Ahora, el pleno decidirá sobre un proyecto que podría marcar un antes y un después en la historia de los derechos humanos en Perú.
