Fiscalía estima que más de 300 mil mineros ilegales operan en el Perú, mientras advierte que la extensión del Reinfo podría seguir facilitando la impunidad de esta actividad.

El fiscal Federico Chávarry, de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Puno, afirmó que en el Perú existirían al menos 300 mil mineros ilegales. Según explicó, estas actividades se concentran en regiones como Madre de Dios, La Libertad, Puno, Cusco y Áncash, operando con poca intervención efectiva del sistema judicial.

“El minero ilegal es un minero que no tiene registro alguno. Y si nosotros midiéramos a los mineros ilegales por los procesados, no nos acercaríamos ni al 10% de la cantidad real”, declaró Chávarry en una entrevista con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú.

Desde 2019, la Fiscalía ha iniciado más de 7,200 investigaciones por minería ilegal, pero solo se han logrado 320 condenas. Chávarry atribuyó esta brecha a la elevada carga procesal y a la insuficiencia de personal para atender los casos. “En comparación a la cantidad de mineros ilegales que habría, es poca la respuesta que se puede dar mediante la vía judicial. Además, la carga procesal retrasa los juicios orales”, señaló.

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Reinfo: un obstáculo

El fiscal identificó al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), vigente hasta el 31 de diciembre de 2024 bajo el Decreto Legislativo N° 1351, como un obstáculo significativo para combatir la minería ilegal. Según Chávarry, este registro permite que quienes se inscriben queden exentos de responsabilidad penal, lo que los mineros ilegales aprovecharon.

“Este Reinfo ha servido como una especie de camuflaje porque muchos se sometieron al proceso no para formalizarse, sino para evitar ser procesados penalmente. El decreto establece que quien se someta al proceso de formalización queda exento del delito de minería ilegal”, precisó.

Chávarry advirtió que la propuesta del Congreso de extender la vigencia del Reinfo por dos años más, actualmente en evaluación en la Comisión de Energía y Minas, perpetuaría este problema. En su lugar, instó a diseñar mecanismos que incentiven una verdadera formalización minera y aseguren una fiscalización constante.

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