La crisis energética en Ecuador agrava el impacto del crimen organizado y pone en jaque sectores clave de la economía. Las soluciones estructurales se enfrentan a décadas de mala gestión.
Desde el 18 de septiembre, Ecuador enfrenta apagones de hasta 14 horas diarias, sumergiendo al país en una crisis que afecta a múltiples niveles. En Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo, los cortes de energía exacerban el miedo de los ciudadanos. Con más de 400 muertes violentas reportadas en 2024, la inseguridad crece mientras los residentes lidian con la falta de servicios básicos.
La raíz del problema no es solo climática. Aunque el gobierno atribuye la crisis a una sequía severa, expertos como Jorge Luis Hidalgo insisten en que el déficit energético de 1,080 megavatios refleja una gestión estructural deficiente. Ecuador depende en un 90% de centrales hidroeléctricas, pero su potencial en energía solar, eólica y geotérmica permanece sin aprovechar debido a décadas de negligencia.
El impacto económico es devastador. Según Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito, los sectores industrial y comercial han perdido más de $7,500 millones en dos meses, lo que ha derivado en despidos masivos. Mientras tanto, empresas como la constructora de Liz Orozco enfrentan costos adicionales por generadores de diésel, encareciendo proyectos y reduciendo su competitividad en un sector ya golpeado por una caída del 17%.
Los cortes de energía también ponen vidas en peligro. Fabricio Palma, paciente renal, ha visto reducida la duración de sus sesiones de diálisis, poniendo en riesgo su salud. Casos como este ilustran cómo la crisis trasciende lo económico y afecta directamente la calidad de vida, con consecuencias que pueden ser mortales.
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El caos se extiende al tráfico urbano. Agentes como Christian Calvache lidian con calles congestionadas y semáforos inoperativos, enfrentando agotamiento físico y emocional. La falta de empatía entre los conductores agrava la situación, haciendo evidente un deterioro en la convivencia social.
Mientras tanto, familias como la de Allen Panchana y Daniela Sangurima intentan adaptarse. Sin acceso constante a electricidad ni agua potable, han recurrido a métodos arcaicos para sobrellevar el día a día. Sin embargo, advierten que esta situación no debe normalizarse, especialmente por el impacto que tiene en las generaciones más jóvenes.
La crisis energética en Ecuador evidencia problemas históricos de gestión y falta de planificación a largo plazo. Resolver este desafío requiere no solo medidas inmediatas, sino una transformación estructural que permita al país aprovechar su riqueza natural y garantizar un futuro sostenible para sus ciudadanos.
