La gestión de Jaime Chávez otorgó la licitación de un proyecto al Consorcio Grupo Construcciones. Esta incumplió los plazos y habría falsificado documentos. Chávez y sus funcionarios condonaron las penalidades por incumplimiento del contrato en tiempo récord. El Caso ya está en el Ministerio Público.
Tres días antes de dejar el sillón municipal del distrito de Cayma, el exalcalde Jaime Pedro Chávez Flores indultó todas las penalidades a un consorcio que no cumplió con el contrato. Esto en el proyecto denominado “mejoramiento de los servicios de 9 áreas deportivas y recreativas en 9 localidades del distrito de Cayma”, cuyo monto de inversión asciende a 3 millones 860 mil 410 soles.
Pero no es la única irregularidad. Y es que también le otorgaron la buena pro a la compañía, a pesar de que habría falsificado documentos para acreditar su experiencia e incumplió los plazos legales. Por estos hechos, la Fiscalía Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios lo investiga junto a otros exfuncionarios de confianza desde octubre del año 2023.
Proceso fraudulento
Mediante Licitación Pública N° 03-2021-MDC-1, el 14 de diciembre del 2021, la municipalidad otorgó la buena pro al Consorcio Grupo Construcciones, conformado por las empresas Hagot Construcciones y JP Construcción y Suministros SRL. Tras el consentimiento de la licitación, este grupo empresarial tenía 8 días hábiles para presentar los documentos a fin de perfeccionar (firmar) el contrato. Sin embargo, ingresó el expediente completo el 28 de diciembre; es decir, un día después del plazo establecido.
De acuerdo a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, cuando no se perfeccione el contrato por causa imputable al postor, éste pierde automáticamente la buena pro. Aún con esta observación, la gestión de Jaime Chávez consintió la firma de contrato, evidenciando un presunto direccionamiento del proceso. Peor aún, el comité de selección habría validado una constancia laboral falsa que el Consorcio Grupo Construcciones adjuntó para demostrar la experiencia del residente de obra.
Sucede que en su legajo consignaron el certificado de trabajo que la empresa V&C Contratistas Generales SAC le otorgó al operador Peter Alonso Flores Zegarra por laborar como residente de la obra “mejoramiento del servicio de educación primaria de la I. E. 40696 Santa María de Paucarpata II etapa”, en el distrito de Paucarpata. Sin embargo, la compañía en mención no ejecutó esa obra en Paucarpata, ya que la buena pro se le adjudicó a Antonio Renaud Chávez Mancilla, tal y como consta en el contrato N° 009-2019-MDP.
Sin penalidades
El Consorcio Grupo Construcciones inició los trabajos de mantenimiento el 27 de enero del 2022 y los concluyó el 31 de agosto del mismo año, pese a que el plazo de ejecución era de 180 días calendario. Durante este proceso, la obra tuvo un adicional de presupuesto, ampliaciones de plazo y paralizaciones. Además, se liquidó con una serie de irregularidades.
De acuerdo al Informe N° 724-2022-MDC-GDU-SGOOP, emitido por el Comité de Recepción para el Acto de Recepción de Obra, el proyecto tenía un pliego de observaciones que nunca se subsanaron. “Se realizó la verificación de la estructura, existiendo observaciones las cuales fueron redactadas por los miembros del comité”, se desprende del expediente.
“Según el acta de verificación del levantamiento del pliego de observaciones, la cual deja constancia que la obra no está apta para la recepción, por lo tanto, esta Subgerencia (Obras Públicas) concluye que se proceda a lo estipulado en el artículo 208.10 del RLCE”, concluye el informe.
A través del Proveído N° 001134-2022-MDC-GDU, estos incumplimientos fueron puestos en conocimiento del entonces alcalde Jaime Chávez Flores, pero el expediente fue enviado al archivo. Esto ocasionó un perjuicio económico de 111 mil 972 soles que correspondía por las deficiencias, retrasos injustificados y demás observaciones.
El exalcalde señaló a Revelación.pe que no brindaría sus descargos por el momento, puesto que, se encontraba de viaje en el Valle de Majes por temas personales. Sostuvo que ofrecerá una conferencia de prensa al retornar a Arequipa, deslindando todas las acusaciones. No detalló nada más.
Jugada antes de salir
El 26 de diciembre del 2022 —4 días antes de terminar la gestión de Chavez Flores como alcalde— la comuna aprobó la liquidación de la obra con todas las imperfecciones y le devolvió la garantía de fiel cumplimiento. Dos días después, el 28 de diciembre, la abogada externa Patricia Román Salcedo en representación de la Municipalidad de Cayma pactó con el Consorcio Grupo Construcciones y condonó el pago de las penalidades, según acta de conciliación N° 52-2022.
Cabe desatacar que esta función debió recaer en la Procuraduría Municipal, pero Jaime Chávez obvió esto. Además, un proceso de conciliación de este tipo podría llevar mucho más que 24 horas para realizarse. Incluso, este tipo de actos deberían acarrear beneficios para el distrito y no perjuicios como lo que ocurrió en este caso.
Además, no fue la única avenencia que se realizó, sino que hubo varios tratos bajo la mesa que se habrían dado con una previa concertación con el exburgomaestre. Ello se evidencia en el informe de N° 003-2022-ABOGADO AD HOC, donde se detalla que la letrada acudió al centro de conciliación con la aprobación del alcalde.
“Nos reunimos en el despacho de Alcaldía con el asesor legal, el gerente de Desarrollo Urbano, exponiendo la estrategia conciliatoria vertida en mérito a las recomendaciones vertidas legalmente por el jefe de Asesoría Jurídica, y técnicamente el gerente de Desarrollo Urbano, con la aprobación del señor alcalde, me constituí al centro de conciliación”, se lee.
Revelación.pe se comunicó con la abogada en mención, pero no quiso responder sobre el tema. Luego de presentarnos como periodistas de este diario y preguntarle por la labor que realizó en el proceso de conciliación, comenzó a decir improperios e insultos que no transcribiremos por respeto a nuestros lectores.
Por todo lo expuesto, se estaría acreditando graves y serios indicios de una serie de concertaciones, para favorecer contrataciones públicas, recepcionar obras defectuosas y acuerdos para conciliar ilegalmente penalidades.
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