El presidente de la Asociación de Personas con Discapacidad “Juntos Caminando Hacia una Luz”, Luis Condori Lozano, y su abogado Héctor Herrera, denuncian amenazas tras presentar una acusación por nepotismo y contratación irregular contra el gobernador Rohel Sánchez y otros funcionarios.
Luis Condori Lozano, líder de la Asociación de Personas con Discapacidad “Juntos Caminando Hacia una Luz”, y su abogado Héctor Herrera, reportaron haber recibido amenazas y actos de intimidación tras presentar una acusación penal contra funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa. Los denunciantes aseguran que el proceso expone prácticas de nepotismo y contrataciones sin perfil adecuado en varias oficinas del gobierno regional.
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios recibió la denuncia, que señala al gobernador Rohel Sánchez y a otros funcionarios como responsables de al menos 11 casos de nepotismo entre 2023 y 2024. Condori y Herrera afirman que estas contrataciones beneficiaron a familiares de empleados de la entidad regional, violando los principios de selección objetiva en la administración pública.
Además del nepotismo, la acusación describe posibles contrataciones de unas 30 personas que no cumplirían con el perfil profesional requerido para los cargos ocupados. Según el abogado Héctor Herrera, esto podría implicar un manejo irregular de los recursos públicos, afectando la transparencia y eficiencia en la gestión del Gobierno Regional de Arequipa.
Tras presentar la denuncia, Luis Condori Lozano y su abogado reportan que enfrentan hostigamientos para que retiren la demanda. Herrera ha informado que recibió insultos, mientras que Condori menciona haber recibido amenazas directas a través de llamadas telefónicas, lo que ha incrementado su preocupación por la seguridad y por la independencia de la investigación.
También puedes leer: Hallan sin vida a adulto mayor reportado como desaparecido
Piden protección
La Fiscalía aceptó la denuncia y se espera que tome medidas para proteger a los denunciantes, dado que estas presiones podrían influir en el proceso judicial y obstaculizar la búsqueda de justicia. Este caso expone la vulnerabilidad de quienes denuncian presuntos actos de corrupción en la región, aumentando la necesidad de contar con un sistema judicial y de protección que permita denunciar sin temor a represalias.
Condori y Herrera han declarado que buscan una investigación exhaustiva para aclarar las condiciones bajo las cuales se realizaron las contrataciones. Las presiones actuales no solo comprometen la seguridad de los denunciantes, sino también ponen en riesgo la transparencia en el gobierno regional y la posibilidad de justicia para los ciudadanos de Arequipa.
