El Ministerio Público, liderado por Delia Espinoza, se opone a la ley que otorga competencias investigativas a la Policía Nacional del Perú, argumentando que vulnera la Constitución.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, informó que el Ministerio Público presentará una demanda de inconstitucionalidad contra la reciente ley aprobada por el Congreso, que otorga a la Policía Nacional del Perú (PNP) facultades para conducir investigaciones. El gobierno de Dina Boluarte no observó esta norma, que ha generado controversia, ya que expertos y el propio Ministerio Público advierten que vulnera sus competencias constitucionales.
Desde la etapa de discusión en el Congreso, la Fiscalía expresó su rechazo a esta medida, alertando que la norma reduce su papel como ente encargado de dirigir las investigaciones. Espinoza calificó la ley, que delega la conducción de las diligencias preliminares a la PNP, como una afectación al artículo 159 de la Constitución, que establece al Ministerio Público como garante de la legalidad en el proceso investigativo.
Delia Espinoza no está sola en su postura. Durante la gestión interina de Juan Carlos Villena como fiscal de la Nación, el Ministerio Público también manifestó su oposición. Villena destacó que la PNP carece de la capacidad técnica y de los protocolos necesarios para liderar investigaciones complejas, lo que podría repercutir negativamente en el sistema de justicia y en la validez de futuras sentencias.
Espinoza insistió en que este conflicto con el Congreso no es un enfrentamiento político, sino una medida en defensa de la legalidad. Sin embargo, la fiscal enfrenta una ardua tarea, ya que varios congresistas, como José Cueto y Alfredo Azurín, presentaron una denuncia constitucional contra la junta de fiscales supremos. Los parlamentarios argumentan que el Ministerio Público incurrió en abuso de autoridad al emitir un reglamento contrario a la ley que devuelve la investigación a la PNP.
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¿Juicios sin garantías?
La polémica se intensifica con las críticas de especialistas, quienes advierten que esta norma podría generar juicios sin garantías. El exfiscal Martín Salas alertó que, al eliminar la participación obligatoria de fiscales en diligencias preliminares, el sistema penal podría correr el riesgo de invalidar pruebas al no cumplir con la supervisión que garantiza la legalidad de las investigaciones.
Tras la oficialización de esta ley, el Ministerio Público emitió un reglamento temporal para mantener la coordinación entre ambas instituciones. La Fiscalía aclaró que este documento será revisado mientras el Tribunal Constitucional evalúa la demanda de inconstitucionalidad. El proceso podría demorar, pero que es crucial para definir los límites de cada institución en la lucha contra el crimen.