Los pobladores de Huancha, en la región Áncash, tomaron medidas extremas al linchar a cinco hombres acusados de intentar secuestrar a un empresario local. Este incidente refleja la creciente frustración ante la inseguridad en Perú.

La noche del 5 de noviembre, en el caserío de Huancha, en Áncash, un grupo de pobladores interceptó a cinco sujetos encapuchados que intentaban secuestrar al empresario Withman Rulfo Domínguez Salazar. Los vecinos detuvieron rápidamente a los los presuntos criminales, a pesar de que tenían armas y estaban listos para cometer el delito,. Los mismos que reaccionaron al escuchar los gritos de auxilio de la víctima.

Aproximadamente mil personas rodearon a los sospechosos y, en un acto de justicia popular, comenzaron a golpearlos severamente. Este hecho culminó en un linchamiento que causó la muerte de los acusados. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los presuntos secuestradores con evidentes signos de maltrato físico mientras la comunidad los interrogaba sobre sus cómplices.

Además del linchamiento, los pobladores incendiaron el vehículo en el que los presuntos secuestradores planeaban huir con la víctima. El automóvil ardió en llamas, simbolizando la ira de una población.

La Policía Nacional del Perú llegó al lugar y, tras evaluar la situación, encontró los cuerpos de los cinco hombres fallecidos. La División de Investigación Criminal y la Fiscalía iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades legales, tanto de los involucrados como de los pobladores.

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Este no es un caso aislado de justicia popular en el país. Semanas antes, en Sechura, Piura, una multitud enardecida también capturó y castigó a dos presuntos ladrones. Sin embargo, la intervención de la policía evitó un desenlace mortal, aunque la violencia ejercida sobre los sospechosos fue considerable.

La creciente tendencia de justicia por mano propia plantea un desafío a las autoridades, quienes parecen no satisfacer las demandas de seguridad de la ciudadanía. El incremento de estos actos de violencia refleja un preocupante debilitamiento de la confianza en las instituciones y en el sistema de justicia formal en el Perú.

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