Una madre denunció que su hija, de 6 años, y otros alumnos han sido víctimas de maltrato físico y psicológico por parte de una profesora en el colegio Paulo VI en Paucarpata, Arequipa. Pese a los exámenes médicos y las firmas de apoyo de otros padres, las autoridades educativas no han tomado medidas concretas para proteger a los menores.
Zoraida Cruz Quispe, madre de una niña de 6 años, denunció que su hija y otros estudiantes del colegio Pablo VI sufrieron agresiones físicas y psicológicas de parte de la docente Sonia Jiménez Robles. Los episodios de violencia, que incluyen jalones de cabello, pellizcos y otros maltratos, dejaron secuelas en la menor, quien ahora se niega a asistir al colegio por miedo.
Según Cruz, el último episodio de agresión ocurrió el 10 de octubre, lo que la llevó a presentar una denuncia ante la comisaría local y a someter a su hija a exámenes médicos. El informe de Medicina Legal confirmó los moretones en las piernas de la niña y las lesiones en el cuero cabelludo, evidenciando el abuso. Sin embargo, el director del colegio y representantes de la UGEL no han tomado medidas contundentes para proteger a la menor y garantizar su retorno seguro al colegio.
La madre de la niña también denunció una serie de irregularidades en la gestión del colegio. Según su testimonio, el director omitió reportar las agresiones en el cuaderno de incidencias, dificultando el seguimiento del caso. La UGEL, por su parte, exigió firmas de otros padres para actuar, y Cruz cumplió con este requisito, pero hasta la fecha no ha obtenido una respuesta efectiva para la protección de los niños.
El miedo a represalias representa otro obstáculo para resolver el problema. Cruz asegura que varios padres de familia han manifestado temor de presentar denuncias formales, por las consecuencias que estas puedan tener en el trato de sus hijos en el aula. Esto ha limitado que las autoridades consideren el caso como una situación generalizada, agravando la falta de respuesta institucional ante la violencia escolar.
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Antecedentes
La profesora acusada, Sonia Jiménez Robles, tiene antecedentes de conflictos previos con estudiantes, según informaron los padres. Sin embargo, su nombramiento parece protegerla de las denuncias, ya que continúa ejerciendo su labor sin sanciones aparentes. Estos incidentes exponen una deficiencia en el sistema de control y supervisión dentro de la comunidad educativa de la región.
Este caso plantea una serie de interrogantes sobre la efectividad del sistema educativo para proteger a los menores de la violencia escolar. La lentitud en la respuesta y la falta de medidas por parte de la dirección y la UGEL evidencian la necesidad de un protocolo de atención inmediata ante denuncias de maltrato infantil. La falta de una solución deja a la niña sin educación presencial y en un estado de vulnerabilidad emocional que las autoridades han ignorado hasta ahora.
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