La congresista Susel Paredes ha iniciado la recolección de firmas para presentar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, señalando acusaciones graves de corrupción, encubrimiento y gestión deficiente en derechos humanos y economía.
La congresista Susel Paredes busca formalizar una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, alegando “incapacidad moral permanente” en base al artículo 113.2 de la Constitución. El documento, que requiere 26 firmas para ser presentado ante el Pleno, es respaldado por diversas acusaciones que cuestionan la ética y transparencia de Boluarte, acumuladas a lo largo de su gestión.
Entre las principales denuncias, la moción destaca el caso «Rolexgate», que apunta a un supuesto enriquecimiento ilícito de la presidenta. La acusación sostiene que Boluarte utilizó relojes de lujo de origen incierto, uno de ellos supuestamente prestado por el gobernador de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, quien habría recibido fondos públicos bajo decretos de urgencia promovidos por la presidenta.
Otra de las denuncias recae en un supuesto encubrimiento al líder político Vladimir Cerrón. Se alega que Cerrón habría usado el vehículo presidencial, denominado «Dinamóvil», para evadir la vigilancia policial y facilitar su movilidad. Además de tener una posible protección de altos funcionarios del Ministerio del Interior. Conversaciones filtradas entre funcionarios respaldan esta teoría, lo cual suscita dudas sobre el compromiso de la administración Boluarte en la lucha contra la corrupción.
El documento también señala las acusaciones de violaciones a los derechos humanos reportadas desde diciembre de 2022. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado un uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades, lo que resultó en más de 60 muertes y cientos de heridos.
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Crisis económica e inseguridad
En el ámbito económico, la moción critica la ineficacia de Boluarte en la administración de la crisis. Se apunta a un aumento del déficit fiscal al 4% del PBI, el nivel más alto en tres décadas. Mientras que la pobreza monetaria ha escalado hasta el 29% de la población. Esta situación afecta particularmente a las regiones más vulnerables del país, como Cajamarca y Puno. Los niveles de pobreza alcanzan cifras alarmantes en estos sectores, lo que refleja una gestión económica insuficiente.
El incremento de la inseguridad ciudadana también figura en las críticas contra Boluarte, especialmente en zonas urbanas. La tasa de homicidios en 2024 alcanzó niveles sin precedentes desde 2017, con más de 1,600 víctimas. Esto ha generado protestas de transportistas en diversas regiones, exigiendo mayor seguridad y acciones efectivas contra el sicariato y la extorsión. La falta de respuesta contundente frente a estos problemas ha intensificado la presión social y política.
