El Poder Judicial dispuso que la Fiscalía concluya la investigación preliminar contra Dina Boluarte, relacionada con la desactivación del Equipo Especial de la Policía que apoyaba a fiscales anticorrupción. El fallo surge tras el prolongado tiempo de la indagación.
El juez Supremo Juan Carlos Checkley ordenó a la Fiscalía culminar la investigación abierta contra la presidenta Dina Boluarte, relacionada con la disolución del Equipo Especial de la Policía. La defensa de la mandataria había solicitado un recurso de control de plazo debido al extenso tiempo que tomó esta pesquisa.
La resolución establece que la Fiscalía debe emitir una disposición final conforme al Código Procesal Penal. Esto implica que la investigación podría archivarse si el Ministerio Público no presenta nuevas pruebas. La medida fue recibida con interés, dado que el caso involucra acusaciones de encubrimiento y abuso de autoridad.
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Antecedentes de la investigación contra Dina Boluarte
El conflicto se originó el 9 de mayo de 2024, cuando el Gobierno de Boluarte decidió desactivar el equipo policial que apoyaba a los fiscales del Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) en casos de corrupción. Este equipo brindaba soporte en operaciones de inteligencia y apoyo logístico a la Fiscalía, especialmente en investigaciones de alta complejidad.
El Ministerio del Interior, liderado entonces por Walter Ortiz, argumentó que el grupo realizaba funciones duplicadas, ya que dichas labores ya estaban bajo la competencia de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú. Esto generó controversias, ya que el Eficcop alertó de posibles motivaciones políticas detrás de la decisión.
La Fiscalía abrió diligencias preliminares tras la denuncia de que Boluarte habría influido en la destitución de Harvey Colchado, jefe de la Diviac. Además, de un supuesto seguimiento a familiares de la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop. La presidenta y el exministro Ortiz fueron señalados como presuntos responsables de encubrimiento y abuso de autoridad.
Con esta decisión judicial, se espera que la Fiscalía defina los próximos pasos de este proceso, que se desarrolla en un contexto de tensión entre el Ejecutivo y el sistema judicial.
