Tras un acuerdo en el Consejo de Estado, el Gobierno de Dina Boluarte respaldará el uso de la fuerza de policías y militares con un marco legal específico. Estos efectivos solo serán juzgados en el fuero militar, limitando así su responsabilidad penal a ese ámbito.
La presidenta Dina Boluarte anunció la creación de un marco legal que permitirá a las fuerzas de seguridad hacer uso de la fuerza en sus funciones y ser procesados exclusivamente en el fuero militar-policial. Esta decisión, resultado del Consejo de Estado, responde a la creciente inseguridad en el país y al contexto de recientes debates sobre seguridad ciudadana.
En una rueda de prensa, Boluarte explicó que este nuevo marco legal garantiza respaldo jurídico a los efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas al emplear sus armas de reglamento. Además, estableció como requisito de procedibilidad que la Inspectoría emita un informe previo en caso de uso de la fuerza para que el proceso avance en el fuero militar-policial.
Este planteamiento generó polémica, ya que el Ejecutivo lo discutió previamente en el proyecto de ley sobre terrorismo urbano, aunque finalmente lo excluyó de esa legislación. Sin embargo, el Gobierno impulsó su implementación a través del Consejo de Estado, reforzando su determinación de llevar adelante la propuesta.
La medida también endurece las sanciones para extranjeros expulsados que ingresen al país de manera irregular. Según Boluarte, esta estrategia busca enfrentar la inseguridad y el crimen organizado en el país, aunque expertos consideran que sus implicaciones jurídicas van más allá del marco penal para extranjeros.
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Un experto opina
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos señaló que solo los delitos relacionados con las funciones de policías y militares pueden procesarse en el fuero militar, mientras que los delitos comunes deben juzgarse en el fuero civil. Campos cuestionó la constitucionalidad de la propuesta, advirtiendo que su aplicación podría contradecir prácticas jurídicas establecidas en el país.
Campos subrayó el riesgo de que este marco legal permita procesar a militares y policías exclusivamente en el fuero militar, incluso si enfrentan denuncias por violencia durante protestas. Aseguró que esta iniciativa del Gobierno omite el derecho de la ciudadanía a que estos casos se juzguen en un ámbito civil cuando corresponda.
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