Editorial: El circo de la justicia

La semana pasada saludamos la iniciativa de la Policía Anticorrupción y del Ministerio Público al intervenir la sede central del Gobierno Regional de Arequipa. Sin embargo, creo que fue muy adelantado. Estábamos obnubilados. Lo que pasó esta semana nos abre los ojos y nos alerta sobre lo que está sucediendo en la Corte Superior de Justicia de Arequipa, y en el sistema judicial en general.

Y es que, luego de casi 10 años de investigación y juicios, el exalcalde Alfredo Zegarra ríe. Puede ser una media sonrisa, pero al fin y al cabo se siente como una victoria para él. Y es que una terna de jueces decidió anular el juicio que se siguió en su contra por haberse coludido con un empresario para adjudicarle la elaboración del expediente que luego sirvió para el Plan de Desarrollo Metropolitano.

Con esto, Zegarra tiene abierto el camino para continuar con sus ambiciones políticas. Porque, como ya lo analizamos aquí en Revelación.pe, los argumentos de la terna para anular el juicio son muy cuestionables.

Pero nuestra decepción no va solo por eso. Sino por todo lo que ha pasado y lo que se viene.

Aquí un pequeño resumen de los hechos: Omar Candia y Manuel Vera Paredes quedaron libres por obra y gracia de la Corte Suprema. Los Correcaminos del Sur quedaron sin pena por una, para nosotros, eficiente acusación de la Fiscalía y por culpa de la ley del Congreso que sacó del juego a los delitos de corrupción de la figura de Organización Criminal. Lo mismo pasará con el caso de Los Correcaminos II y Los Hijos del Cóndor. Es sol cuestión de tiempo. Y hace una semana el alcalde confeso de Yarabamba, que fue detenido por cobrar coimas a proveedores y empresas, quedó también libre porque la Fiscalía no pidió la ampliación de su prisión preventiva.

Con todos estos antecedentes nos preguntamos: ¿Para qué sirve tanto circo de intervenciones, incautaciones, prisiones preventivas y juicios? Si al final el común denominador es la impunidad. O al menos eso se siente entre la sociedad. Los corruptos deberían pagar y deberían quedarse en la cárcel, donde no sigan haciendo más daño a la población.

Ójala que los casos que ya se están investigando con el gobernador y su entorno no sean solo circo, sino que tengan resultados plausibles. Y que la justicia se reinvindique.