Ángel Lazo, detenido por presunto chantaje a una joven, fue hallado sin vida en la celda de la Divincri. La policía investiga posibles fallos en la custodia del intervenido.
Ángel Lazo Ale (28), técnico en computación, falleció anoche en una celda del Departamento de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, donde estaba detenido por presuntamente extorsionar a una joven con la publicación de fotos íntimas. Los custodios lo encontraron inconsciente en el sótano de la sede policial.
Lazo fue trasladado de emergencia al hospital Goyeneche, ubicado a dos cuadras de la Divincri, donde ingresó a la unidad de trauma shock. Sin embargo, los médicos confirmaron que ya había perdido la vida al llegar al centro médico.
La víctima del presunto chantaje, una joven de 22 años, había denunciado a Lazo ese mismo día, alegando que recibió mensajes de audio y texto en los que le exigía 8 mil soles a cambio de no divulgar las imágenes comprometedoras. La denuncia llevó a su detención inmediata.
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¿Negligencia en la custodia?
Angel Lazo Ale fue capturado por agentes del área de Secuestros de la Divincri en la calle Elías Aguirre, en el distrito de Miraflores, donde había acordado encontrarse con la víctima para recibir 5 mil soles como parte del dinero exigido. Según la policía, ambos no se conocían personalmente, lo que agrava la sospecha sobre cómo accedió a las imágenes.
El cuerpo de Lazo fue llevado al área de patología del hospital Goyeneche y luego trasladado a la morgue para la autopsia correspondiente. Las autoridades esperan los resultados para esclarecer las causas de su fallecimiento.
La Policía Nacional ha anunciado la apertura de una investigación interna para determinar si hubo negligencia en la custodia del detenido. El caso ha generado preocupación entre los ciudadanos, pues ocurrió en instalaciones oficiales que debían garantizar la integridad del acusado.
Este incidente ha reavivado el debate sobre la seguridad en las celdas policiales y la responsabilidad de los custodios. Las investigaciones continuarán tanto en el ámbito penal como administrativo para esclarecer las circunstancias de la muerte.