El gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, ha sido cuestionado por su gestión en el proyecto Majes Siguas II, pese a los reiterados anuncios del destrabe del proyecto, pero que en la practica no se avanzó nada.
La demanda de Cobra contra el Estado peruano por 1 400 millones de dólares refleja una gestión deficiente del gobierno regional de Arequipa. La administración del gobernador Rohel Sánchez transfirió responsabilidades al Ejecutivo Nacional, lo que permitió que la empresa iniciara un arbitraje que podría extenderse hasta 2035 y comprometer recursos públicos.
Sánchez ha evitado ofrecer explicaciones detalladas sobre los incumplimientos en el proyecto, argumentando que el proceso es reservado. Sin embargo, esta falta de transparencia ha provocado críticas, ya que no se tomaron medidas para evitar que la situación llegara a esta instancia legal. Esto evidencia una débil supervisión de las obras y una baja capacidad para gestionar conflictos.
El conflicto también revela el impacto financiero que tendrá el arbitraje en la región, la cual ya enfrenta recortes presupuestarios. Para 2024 y 2025, el Ministerio de Economía redujo en 349 millones de soles los fondos destinados a inversiones. Ello afectará sectores esenciales y agravará el déficit económico de la región.
El gobernador anunció que, a pesar de estos problemas, avanzarán con la construcción de la represa de la Cuenca Intermedia, con la licitación prevista para abril de 2025. No obstante, estas promesas parecen vacías en medio de las dudas sobre la capacidad del gobierno regional para cumplir con sus compromisos.
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La situación también ha puesto en evidencia otros incumplimientos, como la falta de personal médico en La Joya, donde los pobladores exigen atención sin obtener respuestas claras. Durante un reciente evento, Sánchez evitó abordar este tema, lo que generó malestar y aumentó la percepción de abandono por parte de las autoridades.
Durante su participación en una feria de empleo para personas con discapacidad, Sánchez destacó las acciones del gobierno para fomentar la inclusión laboral. Sin embargo, estos esfuerzos no parecen suficientes para contrarrestar las críticas por la falta de gestión eficiente en otros ámbitos prioritarios para la región.
La demanda de COBRA ilustra la falta de liderazgo y visión del gobierno regional. Mientras la administración se concentra en discursos vacíos, los conflictos legales y los recortes presupuestarios amenazan con afectar gravemente el desarrollo de la región en los próximos años.
