Los cambios al Nuevo Código Procesal Constitucional que favorecen al Congreso frente al Poder Judicial deberán ser promulgados u observados por el Ejecutivo.
El pleno del Congreso de la República aprobó en segunda votación las modificaciones al Nuevo Código Procesal Constitucional. Entre los cambios más destacados, se redujo de cinco a cuatro los votos necesarios para que el Tribunal Constitucional (TC) emita sentencias en procesos competenciales. Esta medida ha generado polémica, ya que el TC evalúa actualmente una demanda entre el Parlamento y el Poder Judicial.
Con 72 votos a favor, el Congreso dio luz verde al texto sustitutorio que se había aprobado en primera votación la semana pasada. Las bancadas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso (APP), Renovación Popular, Honor y Democracia, y otros grupos, respaldaron la propuesta, mientras que Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y la Bancada Socialista votaron en contra.
El proyecto establece que solo cuatro votos del TC serán suficientes para declarar fundada una demanda competencial. Esta modificación podría impactar directamente las actuales disputas entre los poderes del Estado, especialmente en temas tan sensibles como la elección de magistrados o la vacancia presidencial.
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Además, la norma limita la posibilidad de que el Poder Judicial admita medidas cautelares en procesos de amparo relacionados con funciones clave del Congreso. Esto incluye decisiones sobre la elección de miembros del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y la inhabilitación de altos funcionarios.
El proyecto ahora pasará al Poder Ejecutivo, que podrá promulgarlo o devolverlo con observaciones dentro del plazo legal. Si no se realiza ninguna acción, el Congreso podrá promulgar la norma directamente.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha cuestionado duramente estos cambios, especialmente en el contexto de la demanda parlamentaria contra el Poder Judicial por la restitución de dos de sus miembros. La JNJ advierte que las modificaciones pueden debilitar la capacidad del TC para actuar como contrapeso.
El presidente de la JNJ, Antonio de la Haza, expresó su preocupación, señalando que los cambios “podrían debilitar la independencia del sistema de justicia”. De la Haza subrayó la importancia de mantener el equilibrio de poderes en un contexto político tan crítico para la estabilidad democrática del país.