La Junta de Portavoces decidió no discutir la derogación de la Ley 32108 esta semana, pese a las propuestas del Bloque Democrático Popular. La norma, que restringe los allanamientos, sigue generando controversia.

La Junta de Portavoces del Congreso acordó no incluir en la agenda del Pleno de esta semana ninguna propuesta para modificar o derogar la Ley 32108. Esta norma redefine el crimen organizado e impide realizar allanamientos sin la presencia de los abogados de los investigados, limitando la efectividad de estas diligencias.

El Bloque Democrático Popular había presentado una iniciativa para modificar la ley y solicitó que fuera exonerada del trámite de comisión para debatirla directamente en el Pleno. Sin embargo, solo tres bancadas apoyaron esta propuesta: Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo y la Bancada Socialista, lo que no fue suficiente para avanzar.

Las demás bancadas votaron en contra, argumentando que no podían permitir que la presión mediática dictara su agenda legislativa. Este resultado mantiene la iniciativa dentro del trámite regular, lo que significa que deberá ser primero discutida en la Comisión de Justicia del Congreso.

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Antes de la sesión, Eduardo Salhuana, presidente del Congreso y miembro de Alianza Para el Progreso, había anunciado que propondría abrir el debate sobre la derogación de la Ley 32108, reconociendo que la norma había generado problemas. Sin embargo, su propuesta no prosperó en la Junta de Portavoces.

El Bloque Democrático sostiene que, en medio de la crisis de inseguridad ciudadana, la prioridad debe ser aprobar una ley sobre terrorismo urbano, en lugar de mantener la Ley 32108. No obstante, sus esfuerzos no han logrado consenso en el Congreso.

La polémica en torno a esta ley no es nueva. En investigaciones por crimen organizado, líderes de partidos como Perú Libre y Podemos Perú intentaron acogerse a sus beneficios, lo que ha generado aún más críticas a su aplicación.

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