Escribe Augusto Santillana, abogado y analista político
Haciendo un análisis de las leyes inconstitucionales dictadas por el Congreso de la República. La Ley 32108, que debe derogarse, modifica la Ley 30077, Ley Contra el Crimen Organizado, es de seguro, la que más han contribuido con generar este incremento de la criminalidad organizada que reina a sus anchas. Extorsiones, secuestros, homicidios, asaltos a gran escala, trata de personas, minería ilegal, tráfico de terrenos, narcotráfico.
El Congreso ha dejado bien claro, que ellos mandan, que ellos gobiernan, que ellos deciden. Pero en función a sus intereses. No tienen oponente o contraparte que se les ponga en frente. Gracias al “ego colosal” de la presidenta que debía renunciar, se salió con el gusto de querer pasar a la historia como la primera mujer presidenta. Y pasó por encima a las protestas en el sur del país que tuvieron lamentables decesos de jóvenes que reclamaban nuevas elecciones generales y que la presidenta se vaya, ello, no ha ocurrido y no parece que vaya a ocurrir hasta el 2026.
Como siempre, la capital del país, Lima, una de las capitales más caóticas del mundo, por la sobrepoblación y la generalizada informalidad en todo aspecto, abonado a la corrupción tan extendida a todo nivel que se ha visto desbordada por la criminalidad y las extorsiones. Y son los más vulnerables, choferes y cobradores del transporte público, los bodegueros, los mototaxistas son entre otros, como carne de cañón, quienes vienen sufriendo las lamentables consecuencias, crímenes a discreción. Una anarquía que se asienta por la falta de autoridades con representatividad y liderazgo.
Este gobierno ha dejado desprotegida a la población trabajadora. Quienes se encuentran a expensas de los delincuentes. Es esta misma población la que ha salido a protestar y ha paralizado el transporte urbano por ser el sector más comprometido con el actuar delincuencial.
Ello, ha obligado al Gobierno a declarar el Estado de Emergencia en la mayoría de distritos de la capital, con la finalidad de aplacar esta ola de inseguridad. El Ministro del Interior ha declarado que dejará el cargo si las medidas dispuestas para vencer al crimen no reditúan buenos resultados.
Si bien, este ministro hace rato ya debió dejar el cargo. A decir de especialistas en seguridad, el crimen organizado ha probado ser un adversario formidable para el Estado, en especial por su capacidad de infiltrarse en el mismo sistema y moldearlo a su favor. Responde a una estructura compleja que controla toda la cadena de valor. Por lo que la respuesta del Estado debe corresponder a una política pública transversal, a un plan integral que comprometa a todos los sectores en medidas de corto, mediano y largo plazo; sino las medidas que se dicten no alcanzará los resultados esperados.
Y, si bien, es el MININTER el que debe ser el primer baluarte al frente de la lucha contra la criminalidad, los datos nos dicen que a la fecha solo ha gastado el 22.7% de su presupuesto en inversiones. No ha gastado su plata, tiene un 70% disponible para gastar hasta diciembre. Para invertir a nivel nacional, en tecnología y mejora de la infraestructura para las Comisarias, patrulleros inteligentes, personal policial con pasantías de capacitación en el extranjero, fortalecer el binomio Serenazgo Municipal-Policía Nacional. Profesionalizar y especializar las unidades policiales, en especial, las de inteligencia, hay tanto que hacer pero no lo saben hacer, mientras el crimen y el caos nos ganan por goleada.
La presidenta y sus aliados políticos son los responsables de este auge del crimen organizado. Y, debemos seguir alzando nuestra voz, para que nuestras autoridades nacionales a pesar de estar tan devaluadas, retomen el camino para asumir buenas decisiones en bien del país. De elegir bien a los cuadros técnicos y dejarles gestionar y desarrollar las políticas públicas de Estado.
