La defensa de los acusados cuestiona la validez de los informes policiales, mientras que la fiscalía sostiene que los documentos revelan conexiones clave en la supuesta red criminal. El debate se centra en el uso de pruebas obtenidas por policías encubiertos.
Durante la audiencia de requerimiento de 36 meses de prisión preventiva contra los «Incorregibles del Misti», la defensa de Yony Martha Rodríguez Zea aseguró que los informes policiales sobre su participación en la organización criminal no pueden utilizarse como prueba.
En agosto de 2023, un policía encubierto se acercó a Yony Martha Rodríguez Zea en las oficinas de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa. Según la fiscalía, en ese momento eliminaron dos papeletas ficticias a cambio de 2,800 soles. Este es uno de los informes que la defensa de Rodríguez Zea cuestiona.
El abogado Luis Gutiérrez Oliva argumentó que las memorias policiales no son suficientes para respaldar las acusaciones de cohecho (soborno). Según el abogado, estos informes son documentos unilaterales que no han pasado por un proceso de contradicción, lo que limita su valor probatorio. Esto permite, en cierto grado, cuestionar su credibilidad.
Gutiérrez afirmó que la jurisprudencia establece que los informes policiales que incluyen información de inteligencia no se consideran pruebas sólidas a menos que los policías que los redactaron testifiquen sobre su contenido. En este caso, el Ministerio Público no ha presentado esos testimonios en la carpeta fiscal.
Además, Gutiérrez argumentó que estos informes indican qué debe investigarse, pero no demuestran que alguien haya cometido un delito. Por lo tanto, considera que no pueden usarse como pruebas para demostrar la culpabilidad de su patrocinada o de los demás acusados.
Respuesta del Ministerio Público
El fiscal Arturo Valencia Paiva aseguró que los documentos revelan patrones de comportamiento y conexiones entre los implicados en «Los Incorregibles», lo que resulta relevante para la investigación.
Valencia Paiva también sostuvo que, aunque la policía elabora los informes, su contenido es suficiente para justificar la continuación del proceso penal. Además, señaló que, en conjunto con otros elementos de prueba, estos informes ayudan a establecer un contexto que sugiere la presunta responsabilidad de los acusados.
En el requerimiento se utilizaron varios informes policiales, destacándose aquellos relacionados con la intervención de los policías encubiertos, así como la participación de informantes y la estructura de la organización criminal, entre otros.
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Investigado asegura que lo hackearon
Por otro lado, la defensa de Reynaldo Jaén Rojas, acusado de pertenecer a la organización criminal, presentó dos documentos en los que su patrocinado informaba a sus superiores sobre un supuesto “hackeo” de su computadora en 2023. Según el abogado Miguel Pérez Almedo, la Municipalidad Provincial no tomó medidas para investigar esta situación.
Jaén Rojas, señalado por la fiscalía de haber realizado más de 700 modificaciones en papeletas de personas fallecidas, argumentó, a través de su abogado, que durante los días en que se realizaron más cambios, él se encontraba de vacaciones o participando en un agasajo por el Día del Padre.
El fiscal Arturo Valencia Paiva refutó esta versión. Indicó que algunas fechas de las cuatro papeletas investigadas no coinciden con las vacaciones del acusado. Estas papeletas fueron generadas por la intervención de los policías encubiertos en el caso de «Los Incorregibles».
Defensa busca desmerecer acusaciones
Gran parte del segundo y tercer día de la audiencia se centró en la tipificación de las penas. Según el Ministerio Público, los tres acusados, Yony Rodríguez, María Huachaca y Reynaldo Jaén, cometieron cohecho activo genérico, cohecho pasivo propio, falsedad ideológica y organización criminal.
El debate se centra en los delitos supuestamente corroborados a partir de la intervención de los policías encubiertos, quienes pagaron por el borrado de papeletas ficticias ingresadas al sistema para demostrar la existencia de la organización criminal.
Los abogados defensores argumentaron que no existe evidencia de una organización criminal. También sostuvieron que no existen pruebas de una coordinación efectiva por parte de los acusados para cometer los delitos descritos.
El Ministerio Público está solicitando 20 años de prisión para los implicados. La audiencia continuará este viernes a las 8.30 de la mañana con el debate sobre los arraigos de los investigados.