Horas antes de que la Comisión de Fiscalización sesione, el Ejecutivo aprobó una resolución del Despacho Presidencial que impide que accedan a la información sobre el recorrido del vehículo que habría ayudado a fugar a Vladimir Cerrón.
El Gobierno aprobó una resolución que clasifica como secreto el plan de seguridad presidencial, bloqueando el acceso a información clave sobre el presunto uso del vehículo oficial en la fuga de Vladimir Cerrón. La Comisión de Fiscalización del Congreso solicitaba acceso a estos datos en el marco de una investigación.
La resolución N° 000042-2024-DP/SG, del 17 de septiembre, permitió que la Casa Militar de Palacio de Gobierno clasificara como «reservada» la informacióndel recorrido del vehículo presidencial, conocido como el «cofre», el cual presuntamente se utilizó para facilitar la fuga de Cerrón. Este bloqueo obstaculiza las investigaciones del Congreso.
Según el documento oficial, los anexos del plan de seguridad también se clasificaron bajo códigos específicos, lo que limita la posibilidad de que la Comisión de Fiscalización acceda a los detalles de la ruta. El Congreso solo podrá recibir esta información si obtiene el estatus de comisión investigadora, lo cual debe aprobarse en el Pleno.
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La motivación
El origen de estas acciones radica en los audios entregados al Ministerio Público por el capitán PNP ‘Culebra’, quien reveló que el vehículo presidencial fue utilizado para movilizar a Vladimir Cerrón hacia Pisco, el día de su fuga. En una conversación, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría confirmado el uso del «cofre» para el traslado del prófugo.
En la grabación, Santiváñez menciona que el auto presidencial evitó que la Policía interviniera a Cerrón, lo que permitió su huida. La fotografía del vehículo en una gasolinera de Pisco avivó las sospechas de la participación gubernamental en la fuga del líder de Perú Libre. Sin embargo, el ministro ha negado la veracidad de estos audios.
A pesar de la negación del ministro, la Comisión de Fiscalización del Congreso ha solicitado facultades especiales para investigar durante 120 días el presunto uso del vehículo presidencial. Estas indagaciones buscan esclarecer el papel que habría jugado el Gobierno en la salida de Cerrón del país.
Finalmente, el Ministerio del Interior ha incrementado la recompensa por Vladimir Cerrón a medio millón de soles, aunque hasta la fecha no se ha emitido una explicación oficial sobre el contenido de los audios revelados. La controversia sigue en curso, mientras crecen las presiones sobre la administración de Boluarte.
