La Fiscalía revela que los prefectos y subprefectos designados con el aparente visto bueno de Nicanor Boluarte eran obligados a aportar dinero para financiar el partido Ciudadanos por el Perú. El caso, denominado "Los Waykis en la Sombra", involucra graves acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.
Durante la audiencia de prisión preventiva del caso «Los Waykis en la Sombra», la Fiscalía acusó a los prefectos y subprefectos de haber sido forzados a realizar aportes económicos para financiar al partido Ciudadanos por el Perú. Según las investigaciones, estos pagos se exigían con la aparente aprobación de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.
Melisa Angulo Mantilla, del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), detalló que la información proveniente de un aspirante a colaborador eficaz permitió confirmar que obligaban a los funcionarios regionales a contribuir con dinero para el partido político. Estos pagos se habrían destinados a cubrir gastos relacionados con la conformación del partido.
Un caso particular mencionado por la Fiscalía es el de Flor María Chauca Sánchez. Chauca presuntamente aportó S/ 9,000 para un evento del partido Ciudadanos por el Perú tras su designación como prefecta regional de Lima. La Fiscalía sostiene que estos aportes eran una condición para ocupar el cargo.
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36 meses de prisión preventiva
El Equipo Especial de Fiscales solicitó 36 meses de prisión preventiva para varios implicados: Nicanor Boluarte, Mateo Castañeda, Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar, Noriel Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez. Los cargos incluyen organización criminal, tráfico de influencias y otros delitos en perjuicio del Estado.
El Ministerio Público alega que esta red criminal se dedicaba a designar a los prefectos y subprefectos necesarios para la inscripción del partido ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Se señala que Boluarte Zegarra habría solicitado grandes sumas de dinero a los designados, además de exigirles recolectar firmas y afiliar a personas al partido.
Edwin Ugarte, ex personero legal de Ciudadanos por el Perú, declaró ante la Fiscalía que Nicanor Boluarte contaba con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte para imponer estas exigencias. La Fiscalía sostiene que Nicanor fue el líder de esta red, utilizando su influencia para manipular el aparato estatal en beneficio de su organización política.
